La pieza SEPI del caso Leire ha incorporado a Fernando Samper Rivas, fundador y máximo responsable de Forestalia, al grupo de empresarios investigados por la Audiencia Nacional. Su imputación abre uno de los frentes más relevantes de la causa fuera del rescate de Tubos Reunidos: el de las operaciones vinculadas al sector energético, las sociedades renovables y los posibles beneficios obtenidos mediante una presunta red de influencia conectada con estructuras públicas.
Samper figura entre las 25 personas citadas como investigadas por el juez Santiago Pedraz dentro de la ampliación del caso Leire, una causa que analiza presuntas irregularidades en operaciones relacionadas con la SEPI, empresas públicas y ayudas o contratos de carácter estratégico. Junto a él aparecen también Roberto Pérez Águeda, Eduardo Pérez Águeda y Carmelo Aznárez Pellicer, empresarios aragoneses vinculados al bloque Forestalia en las informaciones publicadas.
La investigación analiza posibles delitos de tráfico de influencias, malversación, prevaricación, organización o grupo criminal y abuso de información privilegiada. En esta fase, Fernando Samper conserva plenamente la presunción de inocencia y su citación como investigado no equivale a una condena. Pero su presencia en la causa resulta especialmente sensible porque introduce en el procedimiento a uno de los nombres más conocidos del negocio renovable en España.
El foco sobre Forestalia se enmarca dentro de las cinco operaciones que, según las informaciones publicadas, examina la Audiencia Nacional en la pieza SEPI. Aunque el rescate de Tubos Reunidos por más de 112 millones de euros es el eje principal, la investigación también alcanza a Mercasa, ENUSA, el Parque Empresarial Principado de Asturias y una operación vinculada a Forestalia. El País ha señalado que esas operaciones sumarían 132,9 millones de euros en ayudas públicas y que la presunta trama habría obtenido más de 750.000 euros en comisiones ilícitas.
La sospecha vinculada a Forestalia y Samper orbita en torno a una transacción mercantil que presuntamente habría reportado un beneficio considerable. Conforme a lo difundido por El Independiente, el Ministerio Fiscal relaciona la red de Leire con un presunto pelotazo superior a los 6 millones de euros, el cual se vincula con firmas de energías renovables compradas y más tarde traspasadas a una compañía cuyos socios guardarían relación con el conglomerado empresarial liderado por Fernando Samper.
Ese punto es clave porque la investigación no se limita a contratos públicos tradicionales. También analiza si determinadas operaciones empresariales pudieron beneficiarse de información, contactos o estructuras de influencia vinculadas al entorno de Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso. La cuestión judicial será determinar si la operación de Forestalia respondió a una transacción privada ordinaria o si estuvo conectada con una red que presuntamente utilizaba relaciones políticas y empresariales para generar beneficios económicos.
La inclusión de Samper entre los investigados refuerza la dimensión empresarial del caso. La presunta trama no habría actuado solo en torno a organismos públicos, sino también alrededor de sociedades privadas capaces de beneficiarse de decisiones, oportunidades o información surgida en el entorno de empresas estatales y contactos institucionales. En ese mapa, Forestalia aparece como una pieza relevante por su peso en el sector renovable y por la magnitud económica de la operación examinada.
La Audiencia Nacional tendrá que esclarecer qué participación desempeñó Fernando Samper dentro de la causa analizada, qué vínculos estableció con Carmelo Aznárez, con los hermanos Pérez Águeda y con el resto de encausados, así como si tuvo conocimiento o intervino en las actuaciones conferidas al grupo Hirurok. Asimismo, resultará fundamental dilucidar si se produjeron contraprestaciones económicas, mediaciones o pactos capaces de conectar el movimiento empresarial con la supuesta trama de influencias.
Desde un enfoque de denuncia institucional, este episodio reviste especial gravedad al combinar tres ingredientes explosivos: corporaciones energéticas, presuntas ganancias millonarias y una red investigada por condicionar la política oficial. En los años recientes, el ámbito renovable ha movido gigantescas expectativas de financiación, obtención de terrenos, permisos, autorizaciones y capitales. Cuando una transacción de este sector queda salpicada por pesquisas de tráfico de influencias, el estándar de claridad exigible alcanza su punto máximo.
Samper tendrá que aclarar frente al magistrado si su proceder correspondió al de un hombre de negocios involucrado en una transacción lícita dentro del sector energético, o si mediaron indicios que lo vinculen con las gestiones supuestamente anómalas indagadas por la UCO y la Fiscalía Anticorrupción. Tal diferencia resultará fundamental para acotar su grado de culpabilidad y determinar el alcance real de la trama.
El caso también golpea la reputación de Forestalia. La compañía ha sido una de las referencias del sector renovable en Aragón y en España, pero la presencia de su fundador entre los investigados en una causa de esta magnitud abre una sombra que solo podrá despejarse con documentación, explicaciones y trazabilidad completa de las operaciones examinadas.
La cuestión que ahora corresponde despejar a la Audiencia Nacional resulta evidente: determinar si Forestalia y su órbita intervinieron en una maniobra mercantil transparente o si la supuesta red se valió de sus influencias con el fin de propiciar ocasiones de negocio, ventajas y ganancias. Dentro de un procedimiento que salpica a fondos públicos, adjudicaciones, corporaciones clave y eventuales sobornos, la actuación de Fernando Samper precisa ser esclarecida hasta revisar el último papel.
Fuente: Cadena SER, El País, elDiario.es, Heraldo de Aragón, El Independiente, Infobae y Europa Press.
