Dentro de las filas del PSOE se ha generado cierto descontento a raíz de la determinación adoptada por el Gobierno español de otorgar cinco indultos parciales, sobre todo porque un trío de los favorecidos había recibido condenas por actos de corrupción. Dichas disposiciones salieron adelante en el Consejo de Ministros coincidiendo con la jornada en que la administración central dio a conocer la puesta en marcha de una Agencia de Integridad Pública junto con la presentación de un anteproyecto de ley enfocado en la misma materia.
Entre los beneficiarios figuran la expresidenta del Parlamento de Cataluña, Laura Borràs; el exalcalde socialista de Linares, Juan Fernández; y el gestor cultural Natalio Grueso. Dirigentes socialistas consultados por The Objective cuestionaron el momento elegido para anunciar las medidas y consideraron que la decisión puede resultar difícil de justificar ante la ciudadanía, especialmente en un contexto marcado por investigaciones y condenas relacionadas con corrupción.
Uno de los asuntos que más polémica ha suscitado es el caso de Borràs. A la antigua dirigente catalana, sobre la que recayó una condena por trocear contratos mientras dirigía la Institución de las Letras Catalanas, se le atenuará la pena privativa de libertad, pasando de cuatro años y medio a dos. Siguen en pie la sanción económica y los 13 años de inhabilitación. El Gobierno central esgrimió que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña había juzgado desmedida la condena de cárcel.
La resolución generó asimismo recelos en el seno del propio PSOE. El jefe del Ejecutivo de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, puso en duda de manera abierta la aprobación de gracias penitenciarias por delitos vinculados a la corrupción, argumentando que dicha determinación es capaz de erosionar la reputación de la formación en una coyuntura de alta sensibilidad. Igualmente, descartó que deban aplicarse distinciones en función de la militancia política de los individuos sentenciados.
Otros dirigentes socialistas consultados por el medio consideran que el indulto a Borràs podría estar relacionado con la necesidad del Gobierno de mantener apoyos parlamentarios de Junts. Esta interpretación aparece en medio de las dificultades del Ejecutivo para mantener una mayoría estable y después de que la expresidenta del Parlamento catalán no pudiera beneficiarse de la ley de amnistía.
El segundo asunto vinculado a un exdirigente del PSOE recae sobre Juan Fernández, antiguo regidor de Linares. Su pena de tres años de cárcel quedó rebajada a dos, al tiempo que se ratificó su inhabilitación por un periodo de siete años. Dicha petición contó con dictámenes positivos del órgano judicial juzgador, el aval de las formaciones municipales socialista y popular, el respaldo del consistorio y el apoyo de una entidad vecinal.
Natalio Grueso, antiguo director de la Fundación Centro Niemeyer de Avilés, también recibió un indulto parcial. El Gobierno decidió perdonar la pena de prisión, que formaba parte de una condena de ocho años de cárcel, ocho de inhabilitación y una multa. La medida fue solicitada por personas vinculadas al sector audiovisual y se justificó por razones humanitarias relacionadas con su estado de salud.
Grueso había sido condenado por anomalías vinculadas a su administración del centro cultural, abarcando cobros tildados de infundados por los tribunales. Después del fallo, se mantuvo fuera de España por un periodo superior a dos años, siendo ubicado y arrestado en Portugal en el mes de diciembre previo.
Los otros dos indultos aprobados por el Consejo de Ministros corresponden a particulares condenados por delitos contra la salud pública. En ambos casos, las penas de prisión fueron reducidas a dos años y los tribunales sentenciadores y la Fiscalía habían emitido informes favorables.
La coincidencia en el tiempo de estas medidas de gracia y la presentación de nuevas acciones anticorrupción ha desatado una intensa controversia en las filas del socialismo español. A pesar de que el Ejecutivo respalda sus actuaciones, voces críticas situadas dentro del PSOE ponen en duda que otorgar dichos indultos transmita una señal coherente en relación con las promesas de renovación democrática y honradez institucional.
Fuente: The Objective — The Objective
