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A poco más de un año para las elecciones generales en Honduras, programadas para noviembre de 2025, diversos grupos políticos y sociales han mostrado inquietud sobre lo que describen como indicios tempranos de una táctica destinada a poner en duda la legitimidad del proceso electoral. Las preocupaciones son manifestadas por expertos, organizaciones de la sociedad civil e interlocutores internacionales, quienes advierten sobre una serie de medidas del partido en el poder, Libertad y Refundación (LIBRE), que podrían afectar la confianza de los ciudadanos en el proceso democrático.
Alegaciones sobre declaraciones y acciones que podrían impactar el proceso de elecciones
Entre las principales preocupaciones expuestas figura el uso reiterado de discursos oficiales que anticipan un posible fraude, sin que se presenten pruebas concretas. Estas declaraciones señalan a sectores económicos, medios de comunicación y actores internacionales como supuestos conspiradores contra el oficialismo, lo que para algunos analistas representa un intento por instalar la percepción de manipulación electoral en caso de una derrota en las urnas.
La narrativa, según observadores, parece buscar un doble objetivo: deslegitimar con antelación cualquier resultado desfavorable y al mismo tiempo fomentar un ambiente de desconfianza generalizada en las instituciones encargadas del proceso electoral.
Tensión institucional y cuestionamientos al árbitro electoral
Un punto de alta sensibilidad ha sido la postura asumida por LIBRE frente al Consejo Nacional Electoral (CNE). A pesar de que el partido oficialista participó activamente en la conformación de dicho órgano, ahora lanza críticas dirigidas a cuestionar su independencia y credibilidad. La estrategia, según voces críticas, apunta a erosionar la legitimidad del CNE en momentos clave del calendario electoral.
Simultáneamente, se ha observado un aumento en los procedimientos judiciales contra líderes opositores, reporteros y activistas de derechos humanos. Estos eventos son vistos por grupos de la oposición como formas de presión que podrían restringir el discurso público y la participación ciudadana en un ambiente previo a las elecciones.
Además, se ha implementado de forma extendida el estado de excepción, en vigor desde 2022 como una medida de seguridad por parte del Gobierno. Aunque su uso ha sido respaldado para luchar contra el crimen organizado, ha tenido como efecto secundario la limitación de derechos como la libertad de reunión y movimiento, afectando directamente el desarrollo de actividades políticas y la expresión política del público.
Inquietud por el compromiso y la estabilidad de la democracia
La combinación de narrativas de fraude, judicialización de adversarios y restricciones institucionales ha generado preocupación entre diversos sectores sobre una posible desmovilización del electorado opositor. Según analistas, este entorno podría derivar en abstención, apatía o incluso en escenarios de confrontación poselectoral si el resultado es impugnado o desconocido por alguna de las partes.
Estas situaciones surgen mientras ciertas encuestas muestran una reducción en la aceptación de la presidenta Xiomara Castro y una perspectiva negativa para la candidata oficialista Rixi Moncada. En este marco, se ha entendido que el enfoque del discurso del gobierno sobre un potencial fraude responde a una estrategia política preventiva frente a un escenario electoral desfavorable.
Llamados a garantizar transparencia y respeto al proceso
Varias entidades tanto locales como globales han realizado declaraciones pidiendo al gobierno de Honduras compromisos sólidos en cuanto a la transparencia en los procesos electorales. Sobresale la importancia de adherirse al cronograma electoral sin alteraciones, evitar la intervención política en las instituciones electorales y judiciales, y reconocer públicamente los resultados, independientemente de cuál sea el resultado.
Instancias como la OEA, la ONU, la Unión Europea y redes de observación ciudadana han manifestado su disposición a acompañar el proceso, al tiempo que solicitan que se facilite una observación internacional amplia, anticipada y neutral. La expectativa de estos actores es que Honduras garantice un proceso en el que se respete el derecho de los ciudadanos a elegir libremente a sus representantes, sin presiones ni condicionamientos institucionales.
Un panorama marcado por la incertidumbre y la exigencia democrática
El contexto electoral en Honduras hacia el año 2025 se vislumbra como un momento crucial para la solidez institucional de la nación. Las alertas expresadas por múltiples sectores destacan una inquietud generalizada sobre la eventual influencia de intereses políticos en el proceso.
Dada la vulnerabilidad del sistema democrático y las crisis postelectorales históricas en el país, el principal reto es garantizar un proceso claro, con seguridad para todos los participantes, que resulte en un desenlace que la población acepte. La legitimidad del futuro gobierno se basará no solo en el sufragio, sino también en la adhesión total a las normas del juego democrático.
