La nueva medida implementada por el gobierno de la presidenta Xiomara Castro de incluir como lectura obligatoria en las instituciones educativas el libro El golpe 28-J: Conspiración transnacional, un crimen en la impunidad, del autor Manuel “Mel” Zelaya, ha generado un acalorado debate político y social en Honduras. Esta iniciativa, que ha sido fuertemente criticada por varios grupos de la sociedad, ha centrado la atención en el tema de la educación en el país, enfrentando distintas opiniones sobre el papel educativo de los contenidos en las aulas y su vinculación con el adoctrinamiento ideológico.
Un mandato que genera polémica
La resolución, que fue publicada en La Gaceta bajo el número 36.798, establece que el libro de Zelaya sea incluido como parte de la cátedra morazánica en los programas educativos de las escuelas públicas y privadas del país. A través de este decreto, miles de ejemplares de El golpe 28-J serán distribuidos en todo el territorio, convirtiéndolo en una lectura obligatoria para los estudiantes de educación media. El contenido del libro, que relata la experiencia del expresidente derrocado en 2009, tilda el golpe de Estado como una conspiración internacional y un “crimen de lesa patria”.
Este hecho ha provocado la furia de diversas voces políticas, educativas y de la sociedad civil, quienes han calificado la medida como un intento descarado de imponer una versión partidista de los acontecimientos ocurridos en 2009. La diputada Iroshka Elvir, una de las más férreas opositoras al decreto, denunció el carácter de “adoctrinamiento ideológico” del proyecto. Además, padres de familia han expresado su preocupación por lo que consideran un intento de “lavado de cerebro” de los jóvenes hondureños, acusando al gobierno de utilizar el sistema educativo como una herramienta de propaganda política.
Defensores del decreto: la memoria histórica como pilar de la democracia
El Ministerio de Educación ha respaldado la importancia de la lectura obligatoria, afirmando que la finalidad del decreto es salvaguardar la memoria histórica nacional y prevenir la repetición de los crímenes del golpe de Estado en el futuro. De acuerdo con los representantes gubernamentales, educar sobre estos eventos es esencial para consolidar la democracia en Honduras, destacando que es crucial que las generaciones venideras tengan un conocimiento detallado de los acontecimientos que fueron significativos en la historia moderna del país.
El gobierno de Xiomara Castro, con una conexión política cercana a Zelaya, afirma que estas acciones forman parte de un esfuerzo de reivindicación histórica, centrado en esclarecer y reconocer los eventos del golpe de Estado de 2009. Sin embargo, esta visión no ha logrado mitigar las críticas y la división sobre el asunto continúa creciendo.
Crece el rechazo social y la protesta
El debate ha cobrado intensidad en las plataformas sociales, donde sondeos informales muestran que más del 60 % de la población se opone a la imposición de leer el libro. La sensación de que el gobierno está empleando la educación para afianzar su poder político y promover una agenda ideológica ha provocado una gran resistencia. Líderes opositores y grupos sociales han empezado a organizarse contra el decreto, solicitando su revocación. En este escenario, se han anunciado medidas jurídicas para detener lo que perciben como un ataque a la libertad educativa y la diversidad de pensamientos en el país.
Además, ha surgido un creciente malestar en las aulas, donde tanto docentes como estudiantes se enfrentan a la presión de cumplir con la imposición del gobierno. El temor a que esta medida sea un precedente de una mayor politización del currículo educativo ha aumentado la preocupación en sectores que defienden una educación libre de ideologías partidistas.
La batalla por la educación y la verdad histórica
El decreto de Zelaya ha abierto un nuevo capítulo en la polarización política de Honduras y ha puesto en evidencia las tensiones entre quienes abogan por una visión única de los hechos históricos y quienes defienden una educación basada en la pluralidad y el pensamiento crítico. La polémica ha evidenciado, además, la fragilidad del sistema educativo hondureño, que se enfrenta a desafíos estructurales profundos, más allá de los contenidos curriculares.
A medida que los movimientos ciudadanos crecen en número y volumen, la pregunta que queda en el aire es si Honduras está experimentando un proceso educativo auténtico o si, por el contrario, se está avanzando hacia un modelo en el que la historia se convierte en una herramienta de control político. La respuesta a esta interrogante podría definir el futuro del sistema educativo y, más ampliamente, la gobernabilidad democrática en el país.
Mientras tanto, el debate sigue abierto, con una ciudadanía cada vez más dividida, un gobierno decidido a mantener su postura y una clase educativa que observa con cautela cómo este episodio podría sentar precedentes en la relación entre política y educación en Honduras.
