_-_copia.jpg?w=800&resize=800,500&ssl=1 "Iglesias y Gobierno en confrontación")
Una de las más significativas movilizaciones sociales de los últimos diez años ha situado al país en un momento crucial. Con el lema “Marcha por la Fe y la Libertad”, alrededor de dos millones de personas relacionadas con iglesias cristianas, tanto católicas como evangélicas, se congregaron en las principales urbes del territorio nacional. El movimiento surgió como una defensa de la fe, pero rápidamente tomó un carácter político con repercusiones directas para el partido gobernante LIBRE.
Una protesta espiritual con efecto social
El origen de la movilización se situó en el ámbito religioso, pero su alcance rebasó lo estrictamente espiritual. Los participantes denunciaron lo que identifican como un “proyecto socialista destructivo”, al que atribuyen un impacto negativo sobre la familia, la libertad de culto y la estabilidad social. Esta percepción se tradujo en un mensaje colectivo que, más allá de la liturgia, colocó a la iglesia como un actor capaz de incidir en la dinámica política del país.
Los expertos destacan que la cantidad de participantes, aproximadamente dos millones, representa un suceso sin paralelo en la historia reciente. La manifestación fortaleció a las entidades religiosas como una fuerza social con poder de movilización a nivel nacional, capaz de influir en la agenda pública y en el proceso político ante las elecciones venideras.
El desgaste del oficialismo y la confrontación con la fe
En un país donde la mayor parte de la gente sigue la religión cristiana, la táctica del partido en el poder respecto a los dirigentes religiosos ha provocado fricciones importantes. Comentarios y críticas desde LIBRE hacia miembros de las iglesias fueron vistos como una ofensa a la libertad religiosa. Portavoces de entidades religiosas describieron estas medidas como un «ataque directo a la fe», lo que incrementó el sentimiento de inseguridad entre los creyentes y fortaleció su deseo de actuar.
El enfrentamiento con un segmento social profundamente enraizado cultural y espiritualmente se transformó en una causa de erosión política. Lo que alguna vez pudo ser visto como una discusión ideológica terminó evolucionando hacia un panorama de desaprobación generalizada, en el cual la iglesia adoptó un rol de oposición social y política.
Impacto electoral y escenario de incertidumbre
El cronograma electoral introduce un factor adicional en esta situación. Con las elecciones fijadas para el 30 de noviembre, la enorme muestra de poder de las iglesias representa un reto para LIBRE, que ya se encuentra bajo escrutinio por asuntos económicos y acusaciones de corrupción. El movimiento religioso no solo mostró desacuerdo, sino que también sugiere la posibilidad de que el voto se incline hacia grupos opositores.
El impacto electoral de esta confrontación dependerá de la capacidad del oficialismo para recomponer su relación con una base ciudadana mayoritariamente creyente, y de la habilidad de las iglesias para sostener su influencia más allá de la protesta puntual. En cualquier escenario, la irrupción de este actor religioso en el debate político se convierte en un factor determinante para la competencia electoral.
Honduras en un momento decisivo
La protesta masiva de las iglesias ha colocado al país frente a una encrucijada. El episodio evidenció que la dimensión religiosa continúa siendo un elemento central en la vida pública y que, en circunstancias de confrontación, puede convertirse en un motor de movilización política.
El porvenir cercano se caracterizará por la tensión entre un gobierno que intenta mantener su plan de “refundación” y un grupo religioso que ha mostrado habilidad para organizarse y movilizarse. En este entorno, Honduras se enfrenta al desafío de equilibrar el respeto a la libertad de culto con la tarea de mantener la gobernabilidad y la estabilidad institucional en un clima de polarización creciente.
