La instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH), una de las principales promesas de campaña de la presidenta Xiomara Castro, ha sido nuevamente aplazada tras la renovación, por quinta vez, del memorando de entendimiento con Naciones Unidas. El anuncio, realizado esta semana, coincide con la falta de avances en el Congreso Nacional para aprobar reformas constitucionales esenciales para el funcionamiento del mecanismo anticorrupción.
La paralización ha revitalizado objeciones desde distintos grupos de la sociedad civil y del ámbito internacional, que ven la demora como un indicativo de debilitamiento del compromiso del gobierno en la lucha contra la impunidad. La ausencia de acuerdos legislativos, especialmente respecto a la supresión de la inmunidad parlamentaria, evita la implementación exitosa de la CICIH, a pesar de haber entregado un segundo borrador formal a la ONU en septiembre de 2024.
Respuestas institucionales y comunitarias
El Poder Ejecutivo ha manifestado repetidamente su voluntad de crear la comisión, mencionando progresos en las conversaciones con Naciones Unidas. Sin embargo, para que se lleve a cabo, se requieren cambios legales y constitucionales que el Congreso debe aprobar, donde no se ha conseguido el apoyo necesario.
Ante la extensión reciente, sectores claves han manifestado su desacuerdo con la gestión del proceso. Una legisladora del Partido Nacional describió la renovación como “un golpe al pueblo que creía en la promesa de equidad”, mostrando el descontento en la oposición política. Mientras tanto, entidades como la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Transparencia Internacional y el Colegio de Abogados han instado a superar el estancamiento institucional que impide el progreso del proyecto.
Dificultades políticas y agotamiento de la población
La implementación de la CICIH se topa con varios desafíos en el ámbito político. Se encuentran, entre estos, las modificaciones estructurales que implicarían la eliminación de protecciones legales que son vistas por ciertos grupos sociales como un impedimento para luchar eficazmente contra la corrupción. Diversos sectores han señalado la ausencia de disposición política en el Congreso como una de las razones primordiales del bloqueo.
Más de dos años han pasado desde que empezó la administración de Castro, y tanto las organizaciones de la sociedad civil como las redes de la ciudadanía están manifestando una brecha entre las promesas iniciales y las acciones concretas. Estos grupos indican que la constante demora en la toma de decisiones cruciales ha mermado la confianza en el gobierno y en todo el sistema institucional.
Demandas de acción y presión global
El renovado memorando de entendimiento no incluye una fecha clara para la instalación de la CICIH, lo que, según observadores internacionales, podría poner en riesgo la credibilidad del país en materia de cooperación internacional. La percepción de inmovilidad ha generado escepticismo en actores externos, lo cual podría traducirse en efectos negativos para el respaldo económico y técnico que Honduras recibe para fortalecer su institucionalidad democrática.
Frente a esta situación, diferentes opiniones han resaltado la urgencia de agilizar el proceso mediante la rápida aprobación de las reformas requeridas, lo cual posibilitaría sellar un acuerdo definitivo con la ONU. Aseguran que estas medidas no solo activarían un mecanismo para combatir la corrupción, sino que también demostrarían un compromiso con la transparencia y la responsabilidad.
Escenario institucional impreciso
El retraso en la implementación de la CICIH pone de manifiesto los desafíos estructurales que Honduras enfrenta al intentar establecer un sistema que sea independiente y efectivo. Los continuos impedimentos legales, junto con la ausencia de acuerdos políticos, mantienen en espera una de las iniciativas clave para combatir la impunidad en la nación.
El caso destaca las tensiones entre los acuerdos internacionales que ha tomado el Ejecutivo y las dinámicas internas del Legislativo, así como el reto de convertir promesas políticas en reformas estructurales tangibles. Entre tanto, el país sigue sin contar con un mecanismo internacional de apoyo para investigar casos de alto impacto, lo que levanta preguntas sobre la sostenibilidad de los esfuerzos institucionales para enfrentar la corrupción a corto y mediano plazo.
