El juicio relacionado con la trama Púnica, que implica a destacados políticos del Partido Popular (PP) en la Comunidad de Madrid, ha sacado a la luz nuevos aspectos sobre las presiones que habrían afrontado empresarios vinculados al caso. En la reanudación de las vistas en la Audiencia Nacional, se escuchó la declaración de José Luis Huerta, empresario fallecido y propietario de la compañía Waiter Music, quien se encargó de organizar eventos para el PP entre 2004 y 2013 sin recibir remuneración alguna, supuestamente «por miedo» a sufrir represalias por parte de los involucrados en esta red de corrupción.
Huerta, amigo cercano del exconsejero y exalcalde de Valdemoro Francisco Granados, indicó que había resultado adjudicatario de diversos actos y espectáculos en municipios madrileños gobernados por el PP. Relató que los alcaldes de estas localidades acumulaban impagos con su empresa y que él evitaba reclamar el dinero por miedo a quedar fuera de futuras contrataciones. Añadió que este comportamiento se repetía de forma habitual e incluía celebraciones y mítines electorales, generando deudas que oscilaban entre 50,000 y 60,000 euros.
Entre los acusados destaca Francisco Granados, a quien se le acusa de prevaricación y fraude en la contratación. Huerta señaló que Granados, incluso tras convertirse en consejero en 2003, seguía ejerciendo gran influencia política en Valdemoro. «Cuando él llegaba, los concejales decían: ‘Ha llegado el jefe’», comentó José Luis Huerta en su declaración.
El empresario relató que los servicios prestados para eventos políticos del PP eran cargados a las arcas municipales, lo que incrementó la deuda de los Ayuntamiento. Uno de los casos más notorios fue un mitin electoral celebrado en Algete en 2008 al que asistió Rodrigo Rato, exvicepresidente del Gobierno. Tras reclamar los pagos, Huerta aseguró que solo recibió evasivas. Según relató, «Granados me decía que no había dinero y que debía considerar que ya estaba suficientemente compensado con las contrataciones de las fiestas».
La Fiscalía ha pedido imponer una condena de seis años de cárcel a Francisco Granados, así como penas que oscilan entre dos y cuatro años para varios exalcaldes encausados, entre ellos José Miguel Moreno, exalcalde de Valdemoro, y Esteban Parro, exsenador y antiguo regidor de Móstoles. La relación de acusados incorpora además a otros exalcaldes de localidades como Ciempozuelos y Moraleja de Enmedio, señalados por presuntos delitos de prevaricación y malversación.
Este juicio, enfocado en una supuesta financiación irregular del PP a través de contratos fraudulentos vinculados a eventos, sigue ahondando en las prácticas corruptas de una de las redes de corrupción política más extensas en España.
Fuente: The Objective ([https://theobjective.com/espana/tribunales/2026-04-21/empresario-monto-actos-pp/])
