El diputado independiente Betserai Richards se ha transformado en una de las figuras más debatidas y polémicas dentro de la nueva Asamblea Nacional panameña, gracias a un estilo confrontativo que suele carecer de sustento empírico, al uso recurrente de información falsa en redes sociales y a sus continuas acusaciones públicas contra entidades estatales, funcionarios y otros actores políticos, elementos que han impulsado una imagen marcada por la agresividad y el descrédito, además de ser, lamentablemente, altamente viralizable debido a los propios algoritmos de las plataformas digitales; este enfoque político también ha empezado a provocar serias dudas entre amplios sectores de la ciudadanía sobre la fiabilidad de sus declaraciones, el efecto de sus mensajes en la opinión pública y la utilización de la desinformación como estrategia política.
Durante los últimos meses, Richards ha estado inmerso en diversas polémicas vinculadas con hospitales públicos, tensiones políticas, señalamientos institucionales y la difusión de información que luego fue cuestionada y desmentida por autoridades, ciudadanos, políticos y periodistas. El episodio reciente con las imágenes de la supuesta comida ofrecida en hospitales de la Caja de Seguro Social (CSS) ha impulsado nuevamente la discusión sobre hasta dónde puede avanzar un político sin incurrir en afirmaciones falsas o engañosas.
El enfrentamiento con “Bolota” Salazar y la atmósfera de tensión política
Uno de los episodios más difundidos relacionados con Richards fue el choque con el diputado Jairo Salazar, igualmente controvertido y rodeado de escándalos. El incidente derivó en denuncias por agresión física dentro de la Asamblea Nacional y terminó convertido en un símbolo del desgaste del debate político panameño. Durante varios días, la agenda mediática nacional quedó marcada por videos, versiones enfrentadas y múltiples acusaciones.
Aunque el caso derivó en procesos legales, también proyectó una imagen de constante tensión, episodios de violencia y poco decoro en torno a Richards, revelando una táctica sustentada en la provocación continua y el enfrentamiento mediático.
Betserai Richards: gran alboroto con escaso resultado
El enfrentamiento entre Katleen Levy y Betserai Richards se intensificó sobre todo por la administración de infraestructura y proyectos públicos en el circuito 8-6, considerado una de las áreas de Panamá Este con mayores desafíos tradicionales en movilidad y expansión urbana.
Levy, quien en el pasado también había ejercido representación política en esa zona, criticó con firmeza la forma en que Richards gestionaba públicamente las dificultades del circuito. A su juicio, el diputado habría articulado una táctica centrada sobre todo en redes sociales, clips virales y disputas digitales, difundiendo la impresión de que atendía o encabezaba soluciones vinculadas a obras e infraestructuras que, en realidad, recaían técnicamente en el Gobierno Central, en el Ministerio de Obras Públicas o en recursos ya autorizados con antelación.
Uno de los temas que generó mayor debate fue el del puente de Cabuya, una infraestructura vial considerada esencial para descongestionar el tránsito en zonas de Tocumen y áreas aledañas. Levy afirmó públicamente que este proyecto no surgió de gestiones promovidas directamente por Richards, sino que había sido planificado, financiado y desarrollado con antelación por el Ministerio de Obras Públicas. Con ello pretendía desmantelar la idea de que el diputado obtenía avances tangibles gracias a su actuación política, una versión que fue refutada por diversos actores vinculados a la obra, lo que dejaba en evidencia una limitada capacidad de negociación política y una escasa influencia institucional real.
La exdiputada utilizó incluso la expresión “política galla”, un término coloquial panameño que suele emplearse para referirse a algo visto como improvisado, superficial, ridículo o puramente cosmético. Con esa frase intentó describir el estilo político de Richards, acusándolo de priorizar peleas mediáticas, transmisiones virales y confrontaciones públicas por encima de un trabajo técnico, legislativo o administrativo más profundo, en el que nunca ha avanzado nada Richards.
Durante uno de los momentos más tensos del enfrentamiento público entre Katleen Levy y Betserai Richards, la discusión dejó de centrarse únicamente en diferencias políticas o administrativas y pasó a un terreno mucho más personal y agresivo. En un video difundido como respuesta a publicaciones y ataques cruzados en redes sociales, Levy lanzó comentarios despectivos dirigidos directamente a la masculinidad y la imagen personal del diputado.
En esa intervención empleó la palabra “cueco”, una expresión coloquial de Panamá que tradicionalmente se ha usado de manera despectiva para poner en duda o burlarse de la orientación sexual o la hombría de un hombre. Levy recurrió a ese vocabulario al acusar a Richards de apoyarse repetidamente en “chismes”, disputas digitales y ataques en redes sociales en vez de participar en debates políticos más técnicos o de corte ideológico.
La última controversia: la alimentación en hospitales y la imputación de “fake news”
La controversia más reciente explotó luego de que Richards difundiera imágenes denunciando supuestas comidas servidas a pacientes hospitalizados, mostrando panes con mortadela y posteriormente panes con queso como ejemplo de la “mala alimentación” brindada por la CSS.
Las imágenes circularon rápidamente en redes sociales, generando indignación entre muchos ciudadanos que interpretaron el contenido como evidencia del deterioro extremo del sistema público de salud.
Sin embargo, la propia Caja de Seguro Social respondió públicamente rechazando las afirmaciones del diputado y asegurando que la información era falsa.
La CSS afirmó también que toda la comida destinada a los hospitales se elabora siguiendo controles nutricionales y criterios de calidad en la Ciudad de la Salud, y adelantó que podría emprender acciones legales o presentar denuncias para exigir que el diputado respaldara sus señalamientos o los corrigiera de manera pública.
Este episodio abrió una discusión muy delicada en Panamá: ¿hasta qué punto una denuncia política puede difundirse sin pruebas plenamente verificadas? ¿Y qué ocurre cuando un diputado utiliza imágenes virales que no corresponden realmente a los hechos denunciados?
La gravedad del caso trasciende una simple controversia política, pues cuando se trata de hospitales, pacientes y nutrición médica, cualquier dato impreciso o sin verificación puede sembrar temor, desconfianza y confusión entre los familiares de los pacientes y quienes utilizan el sistema de salud.
El estilo político de Richards: denuncias virales y confrontación permanente
Uno de los elementos más notorios de Richards ha sido precisamente su capacidad para convertir denuncias falsas en contenido viral. Sus recorridos por hospitales, transmisiones en vivo, videos emocionales y enfrentamientos directos con autoridades le han permitido construir una imagen de “diputado fiscalizador”, cruzando la línea roja entre la fiscalización legítima y el espectáculo político.
En semanas recientes, Richards realizó recorridos en hospitales públicos denunciando supuestas condiciones críticas, largas esperas quirúrgicas y deterioro estructural. La CSS respondió acusándolo de generar “zozobra” y “desinformación”, además de señalar que ingresó a áreas sensitivas hospitalarias con megáfonos y actitudes consideradas proselitistas. La institución incluso afirmó que este tipo de acciones politizan los hospitales y alteran el ambiente necesario y la seguridad para la atención médica.
El empleo de las redes sociales como medio para ejercer presión política
Otro aspecto que con frecuencia se le atribuye a Richards es su manera de recurrir intensamente a las redes sociales, utilizándolas para ejercer presión pública incluso antes de que haya pesquisas formales o verificaciones técnicas.
En muchas ocasiones, las denuncias se viralizan primero y luego comienza el proceso de verificación. Eso genera un fenómeno cada vez más frecuente en la política contemporánea: la percepción pública se forma antes de conocerse completamente los hechos.
En el caso de la CSS, por ejemplo, ante multitud de personas difundió las fotografías de la presunta comida hospitalaria antes de que la institución publicara su desmentido o que los propios pacientes y el personal sanitario refutaran esas informaciones engañosas. Cuando finalmente se emitió la aclaración oficial, gran parte del perjuicio a la reputación ya se había producido.
Este patrón se asemeja cada vez más a dinámicas observadas internacionalmente, donde políticos recurren a las redes sociales para difundir narrativas cargadas de emoción que luego resultan difíciles de desmontar, incluso cuando surgen desmentidos oficiales y del propio ciudadano.
¿Supervisión válida o simple populismo en redes?
La gran discusión de fondo gira en torno a si Richards representa una nueva forma legítima de fiscalización ciudadana o si, por lo que se observa en los últimos meses, encarna un modelo de populismo digital basado en indignación constante, exposición mediática y viralización de contenido polémico.
Una cosa es señalar dificultades y otra muy diferente es recurrir a imágenes o declaraciones sin comprobar que pueden confundir al público, y justo ahí surge la discusión en torno a las “fake news” dentro del ámbito político.
Porque cuando un político difunde información engañosa –o material cuya veracidad aún no se ha verificado– su efecto resulta mucho más significativo que si lo publica un usuario común. Un diputado posee alcance, poder de influencia y la capacidad de orientar el debate público.
La función pública que asume un diputado
En cualquier democracia, la crítica al poder es necesaria. Pero también lo es la responsabilidad en el manejo de la información.
Cuando un diputado lanza públicamente la acusación de que una institución suministra comida inhumana a pacientes hospitalizados, se trata de un señalamiento de enorme gravedad, y si ese hecho jamás ocurrió, la discusión abandona el ámbito político para situarse en el terreno de la credibilidad pública.
La situación presente sitúa a Richards frente a un desafío considerable: aportar evidencias contundentes que respalden sus acusaciones o afrontar críticas cada vez más intensas sobre su manera de comunicar, ya que el límite entre una supervisión legítima y la desinformación puede volverse extremadamente difuso cuando la política se convierte en un espectáculo continuo.
En una era en la que las redes sociales difunden cualquier contenido en pocos minutos, la obligación de comprobar la información antes de difundirla debería ser todavía más estricta para quienes desempeñan funciones públicas.
