En el marco de las elecciones en Honduras, Rixi Moncada, quien aspira a la presidencia por el Partido Libertad y Refundación (LIBRE), se encuentra involucrada en diversas controversias vinculadas al uso de fondos públicos y señalamientos por posibles hechos de corrupción. Estas imputaciones, que incluyen tanto procedimientos legales locales como litigios en foros internacionales, contribuyen a un escenario político caracterizado por la división y la desconfianza de la población hacia las autoridades.
Denuncias por gestión inadecuada de recursos sociales
Una de las críticas más destacadas dirigidas a Moncada se concentra en el manejo de los recursos destinados a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), particularmente en el departamento de Copán. Conforme a reportes recientes, fondos del estado podrían haber sido redirigidos hacia entidades relacionadas con el partido en el poder, lo que ha provocado nuevas dudas acerca del uso de los programas sociales con objetivos electorales.
Estas afirmaciones se dan en un contexto donde se incrementa la demanda de mayor transparencia en el manejo del gasto público durante el año electoral, y donde diversos sectores han solicitado una supervisión más rigurosa en la utilización de fondos dirigidos a la ayuda social.
Denuncia internacional ante el FBI
El asunto adquirió una dimensión internacional a inicios de 2025, cuando Murray Paul Farmer, un ciudadano de Estados Unidos, presentó una queja ante el Buró Federal de Investigaciones (FBI) mencionando a Moncada y otros empleados del gobierno. La acusación sostiene que hubo irregularidades en la gestión y abuso de funciones públicas que habrían perjudicado la inversión extranjera en el país.
Hasta la fecha, la candidata de LIBRE no se ha pronunciado públicamente sobre esta denuncia, la cual podría generar implicaciones diplomáticas en caso de avanzar en instancias judiciales extranjeras. El silencio institucional ha alimentado el debate sobre la capacidad de respuesta del sistema político hondureño ante cuestionamientos de carácter internacional.
Antecedentes de estudios y preguntas anteriores
Las disputas que actualmente involucran a Moncada no son recientes. En 2009 y 2013, fue investigada por supuesto abuso de poder y fraude mientras trabajaba en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), además de estar relacionada con contratos con la constructora brasileña Odebrecht. Aunque en ambas ocasiones los tribunales hondureños dictaron sobreseimiento definitivo, su nombre ha seguido surgiendo en reportes periodísticos y en investigaciones impulsadas por entidades de fiscalización.
Recientemente, en enero de 2025, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) interpuso una denuncia por supuesta malversación de fondos públicos contra Moncada y varios otros funcionarios. Sin embargo, las autoridades no han revelado detalles del caso, lo que ha creado incertidumbre respecto al progreso judicial y ha aumentado las dudas acerca de la transparencia del proceso.
Conflictos entre instituciones y dudas acerca de la aplicación del poder
Junto con las acusaciones de corrupción, la postulación de Moncada ha sido objeto de críticas vinculadas a sus responsabilidades en cargos públicos mientras compite por la presidencia. Ciertos grupos han puesto en duda su participación en la creación de propuestas y auditorías que, de acuerdo a sus opositores, van más allá de las facultades asociadas a su posición, provocando una discusión sobre la independencia de poderes y el balance institucional.
Estas críticas se agravan por el hecho de que la candidata ha mantenido cargos públicos durante su campaña, lo que ha generado preocupaciones sobre eventuales conflictos de interés y el posible uso de recursos oficiales en beneficio de su candidatura. Organizaciones de la sociedad civil han instado a una mayor vigilancia ciudadana y al fortalecimiento de mecanismos de rendición de cuentas para garantizar la equidad en el proceso electoral.
Un escenario caracterizado por la falta de confianza en las instituciones
El caso de Rixi Moncada destaca los retos que enfrenta Honduras en cuanto a gobernabilidad, transparencia y consolidación del Estado de derecho. En un año crucial para la dirección política del país, las acusaciones de corrupción y el debate sobre la gestión de los recursos públicos se han transformado en temas principales del diálogo nacional.
Aunque las autoridades siguen sin aclarar el estado legal de las acusaciones en su contra, Moncada sigue siendo el centro de atención, con posibles repercusiones que podrían impactar directamente en la legitimidad del proceso electoral de 2025 y en la percepción pública sobre la autonomía de las instituciones.
