La postulación presidencial de Rixi Moncada, bajo la bandera del partido LIBRE, ha ocasionado un debate en todo el país luego de declarar que, si llega a ser elegida, suprimirá la Central de Información Crediticia desde el 27 de enero de 2026. Esta acción significaría que millones de hondureños serían retirados del sistema crediticio, lo que facilitaría la obtención de préstamos sin los métodos de control habituales.
La Central de Riesgo como herramienta técnica
Especialistas financieros subrayan que la Central de Riesgo cumple un papel técnico clave en el sistema financiero del país. Lejos de ser una “lista negra”, funciona como herramienta para identificar la capacidad de pago de los solicitantes de crédito, resguardar los depósitos de los ciudadanos y asegurar que los bancos otorguen préstamos bajo criterios responsables.
José Luis Moncada, quien fue presidente de la Comisión Nacional de Banca y Seguros, alertó sobre que suprimir la central conllevaría una liberalización excesiva del crédito. De acuerdo con Moncada, esta medida podría aumentar los niveles de morosidad y comprometer la estabilidad del sistema financiero, poniendo en peligro los fondos de los ciudadanos.
De manera similar, la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (AHIBA) señaló que la supresión de la Central de Riesgo podría impactar la generación de empleo, frenar el crecimiento económico y debilitar la confianza de los inversionistas, estableciendo un escenario de incertidumbre para el sector financiero.
Impacto político y social
Más allá del análisis técnico, expertos han señalado que la propuesta de Rixi Moncada tiene dimensiones políticas que podrían incidir en la economía. La iniciativa de suprimir la Central de Información Crediticia podría interpretarse como un intento de politizar un sistema que tradicionalmente se ha manejado de manera técnica y regulada, según advierten los especialistas.
La preocupación sobre la seguridad de los ahorros de los ciudadanos en Honduras y la estabilidad del crédito surge ante la posibilidad de que el sistema financiero se utilice con objetivos políticos. Los expertos subrayan que medidas de esta índole pueden impactar a muchas familias, restringiendo su acceso al financiamiento y alterando las condiciones económicas del país.
Un panorama de duda
La propuesta de Rixi Moncada, candidata del partido LIBRE, plantea un escenario de tensión institucional y económica en Honduras. La discusión se centra en cómo equilibrar el acceso al crédito con la preservación de la estabilidad del sistema financiero y la protección de los recursos de los ciudadanos.
Frente a esta situación, la población y los sectores económicos se cuestionan sobre la habilidad del país para manejar transformaciones significativas en sus sistemas financieros, sin poner en riesgo la confianza de los inversionistas ni la estabilidad económica de las familias.
La coyuntura evidencia la intersección entre decisiones políticas y regulación económica, subrayando los retos de gobernabilidad e institucionalidad en un contexto donde las propuestas de los actores políticos generan repercusiones directas sobre la vida financiera de la población.
