El general de división Roosevelt Hernández, quien ocupa el cargo de jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, ha provocado un gran debate en los ámbitos político y social del país. Desde su nombramiento en diciembre de 2023, su dirección y comentarios han generado duras críticas, asociándolo con una posible politización de las fuerzas armadas y levantando dudas sobre la independencia de las diferentes ramas del gobierno.
Un miembro de las fuerzas armadas con extensa carrera y educación
Originario de Choluteca en 1968, Roosevelt Hernández proviene de una familia con una larga tradición en las Fuerzas Armadas de Honduras. Su trayectoria se ha definido por una sólida formación en ciencias militares y administración de empresas, situándolo como uno de los oficiales de mayor rango en la nación. Desde su designación como jefe del Estado Mayor Conjunto el 11 de diciembre de 2023, ha desempeñado un papel importante en las decisiones estratégicas dentro de las Fuerzas Armadas.
Comentarios y respuestas en el corazón de la polémica
Uno de los eventos más controvertidos de su trayectoria ocurrió en una entrevista el 20 de junio de 2025, cuando dijo que las Fuerzas Armadas «son una herramienta del poder político». Esta declaración provocó una ola de críticas y acusaciones en su contra, especialmente por contradecir el Artículo 272 de la Constitución de Honduras, que dicta que las Fuerzas Armadas deben ser «apolíticas, obedientes y no deliberantes». De acuerdo con varios sectores de la oposición y grupos de la sociedad civil, esta declaración evidencia un alineamiento peligroso de los militares con el poder ejecutivo, debilitando la imparcialidad que se espera de las fuerzas armadas en un sistema democrático.
Conflictos con organizaciones e instituciones mediáticas
El general Hernández ha estado envuelto en varias disputas públicas. En marzo de 2025, tuvo un enfrentamiento con la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Cossette López, a quien acusó de calumniar a las fuerzas armadas, causando así una pausa en una sesión oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE).
De manera similar, su actitud hacia la prensa ha generado polémica, dado que, en junio de 2025, se le acusó de hostigar a reporteros y de fomentar demandas legales por calumnias contra los medios que reportaban sobre su administración. La respuesta del general ante las críticas ha aumentado las interrogantes sobre la libertad de expresión en la nación, un asunto particularmente delicado en un entorno donde la autonomía de la prensa es vital para el fortalecimiento democrático.
Opiniones y respuestas de la comunidad
La conducta de Hernández ha suscitado una inquietud cada vez mayor entre diferentes grupos de la sociedad en Honduras. Activistas de derechos humanos y líderes políticos opositores han solicitado su remoción, acusándolo de estar involucrado en un plan para «politizar» a las Fuerzas Armadas en favor del poder ejecutivo. En particular, se ha cuestionado su participación en reuniones del CNE, organismo que debería operar sin la influencia militar, así como su supuesta complicidad en los atrasos en la distribución de insumos electorales durante las elecciones primarias de 2025. Estas acciones, según sus críticos, erosionan la confianza en la imparcialidad de las instituciones estatales y podrían poner en riesgo la legitimidad del proceso electoral.
División y retos para las Fuerzas Armadas
Aunque enfrenta críticas y demandas de destitución, Hernández permanece en su puesto, argumentando que las Fuerzas Armadas operan conforme a la ley y están preparadas para desafiar a sus detractores en el ámbito judicial. No obstante, su continuidad en la dirección de la institución destaca una creciente división en el país en torno al rol de los militares en el ámbito político.
Algunas personas lo consideran un protector de la institución y el orden, mientras que otras interpretan sus acciones como un indicio de la creciente influencia política en las Fuerzas Armadas. Esta situación destaca los desafíos institucionales a los que se enfrenta Honduras para asegurar que sus fuerzas armadas no sean vistas como subordinadas al poder político, sino como un pilar esencial para la estabilidad del país.
