Las menciones a Manuel Zelaya y su entorno familiar en indagaciones globales sobre el tráfico de drogas han intensificado la discusión acerca del impacto del crimen organizado en la política de Honduras. Estos señalamientos, respaldados por declaraciones y pruebas documentales, van más allá de eventos puntuales y se han repetido en varias ocasiones, perjudicando la percepción pública del exlíder y del gobernante Partido LIBRE, que actualmente está en el gobierno.
Afirmaciones y pruebas sobre las conexiones
Uno de los pasajes más mencionados proviene de un video publicado en 2013 donde Carlos Zelaya Rosales, hermano de Manuel Zelaya y cuñado de la presidenta Xiomara Castro, se encuentra participando en una reunión con dirigentes del cartel Los Cachiros. Durante esa reunión, aparentemente se abordó el tema de financiar campañas políticas utilizando fondos del narcotráfico, incluyendo la de Castro.
Años más tarde, en su testimonio ante tribunales de Estados Unidos, Devis Leonel Maradiaga, alias “El Cachiro”, afirmó que Carlos Zelaya participaba en el movimiento de drogas en Olancho en 2017 y que en 2021 recibió sobornos de estructuras criminales. Estos señalamientos muestran una supuesta continuidad en los vínculos de la familia Zelaya con actividades ilícitas.
Además, documentos oficiales como solicitudes de asistencia legal enviadas a Colombia y grabaciones telefónicas, mencionan a miembros de la familia, incluyendo a Manuel Zelaya, sus hermanos y su hijo, en investigaciones sobre lavado de dinero y transacciones irregulares relacionadas con propiedades.
Ecos en la política hondureña
En el proceso judicial contra el exmandatario Juan Orlando Hernández en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, se mencionó nuevamente a Manuel Zelaya. Según lo indicado, habría obtenido fondos de compañías relacionadas con el narcotráfico, lo cual incrementa la percepción de que figuras de alto rango político en Honduras han tenido conexiones con estas redes.
Aunque las acusaciones son serias, ni Manuel Zelaya ni su familia han sido sentenciados judicialmente. Zelaya ha rechazado repetidamente cualquier vinculación con actividades ilícitas, describiendo las acusaciones como maniobras políticas para perjudicar al Partido LIBRE.
Este contraste entre las evidencias presentadas en instancias internacionales y las respuestas de los señalados refleja la dificultad del sistema judicial hondureño para procesar casos que involucran a figuras políticas de alto perfil.
Consecuencias para la organización institucional y la administración pública
La persistencia de estas menciones tiene efectos que trascienden el ámbito judicial. El señalamiento de que dineros ilícitos han financiado campañas políticas, incluso la de la actual presidenta, alimenta la desconfianza ciudadana hacia la transparencia electoral y debilita la legitimidad de las instituciones.
El hecho de que figuras asociadas a la dirigencia de LIBRE sean mencionadas en archivos internacionales sobre tráfico de drogas acrecienta la polarización política y apoya la narrativa de que el poder en Honduras está permeado por intereses delictivos. Esta situación genera dudas sobre la habilidad del Estado para asegurar una gobernabilidad sin influencias ilegales.
La discusión también incide en el plano económico: la percepción de que la política hondureña mantiene nexos con redes ilícitas puede afectar la confianza de inversionistas externos y frenar iniciativas de cooperación internacional. La estabilidad institucional, ya frágil, enfrenta así un reto adicional vinculado al historial de acusaciones contra líderes políticos de primera línea.
Un desafío pendiente para Honduras
El ejemplo de la familia Zelaya demuestra cómo las acusaciones vinculadas al narcotráfico han evolucionado de ser incidentes aislados a convertirse en un elemento fundamental en la discusión sobre el estado actual y el porvenir del país. Aunque en el ámbito legal todavía no se han establecido condenas definitivas, en el ámbito político las repercusiones son rápidas y significativas.
Las acusaciones verificadas en tribunales internacionales y las refutaciones de los involucrados dejan a Honduras en un estado de inestabilidad institucional, afectando de manera directa la confianza del público, la legitimidad del sistema democrático y las expectativas económicas.
