Con vistas a las elecciones generales de 2025, el partido en el gobierno Libertad y Refundación (LIBRE) se enfrenta a críticas intensas provenientes de políticos, empresarios y grupos sociales que lo acusan de implementar medidas que ponen en riesgo la claridad y validez del proceso electoral. Las acusaciones incluyen desde obstrucciones a entidades esenciales hasta intentos de dominación política del ente electoral.
Cuestionamientos al rol de LIBRE en el Consejo Nacional Electoral
Uno de los principales focos de controversia ha sido la interrupción del proceso de contratación del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), una herramienta considerada fundamental para garantizar la transparencia en el conteo de votos. El 7 de julio, manifestantes identificados con LIBRE bloquearon el ingreso a las instalaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE), impidiendo que empresas oferentes presentaran sus propuestas técnicas.
La presidenta del CNE, Cossette López, calificó estas acciones como un atentado directo al proceso electoral, advirtiendo sobre su impacto negativo en la credibilidad de la institucionalidad democrática. La interrupción del proceso del TREP no solo retrasó la planificación electoral, sino que también alimentó la percepción de que se intenta generar condiciones propicias para manipular los resultados.
Además, se han documentado casos de presión ejercida por grupos relacionados con LIBRE, que incluyen incursiones en el Congreso Nacional y otras instituciones del estado. Estos acontecimientos, en su conjunto, han sido vistos por grupos opositores como una estrategia destinada a debilitar la independencia del CNE y facilitar su eventual dominio político.
Peligros de la acumulación de poder en la entidad electoral
La chance de que los reemplazos del CNE, favorables al partido gobernante, tomen el cargo, si las consejeras actuales fueran inhabilitadas, ha generado preocupación entre grupos políticos que creen que este cambio debilitaría la diversidad del órgano electoral. Desde el Congreso Nacional y diversos foros de análisis se ha señalado que un CNE sin equilibrio podría comprometer la neutralidad del proceso electoral.
Algunas voces han solicitado la intervención de organismos internacionales para monitorear las decisiones institucionales relacionadas con el proceso y garantizar condiciones equitativas de competencia. También se ha denunciado un presunto uso instrumental de otras instituciones del Estado, como el Ministerio Público y el Poder Legislativo, para favorecer el alineamiento del CNE con los intereses del oficialismo.
Estas presiones han llevado a múltiples sectores a solicitar un fortalecimiento de los mecanismos de supervisión y monitoreo electoral, frente a lo que perciben como un riesgo creciente para la integridad del proceso democrático.
Señalamientos sobre información falsa y manipulación de votantes
Un punto adicional de crítica hacia LIBRE se centra en la difusión de encuestas que se consideran incorrectas o manipuladas, mostrando una gran ventaja para la precandidata del oficialismo, Rixi Moncada. Algunas de estas encuestas han sido desmentidas por las mismas empresas encuestadoras, las cuales han denunciado el uso inapropiado de sus nombres y métodos.
La circulación de estos sondeos ha sido interpretada como parte de una estrategia para moldear la percepción pública e instalar la idea de un triunfo inevitable, lo que a juicio de sectores opositores busca condicionar el resultado electoral y deslegitimar una eventual derrota. Este tipo de prácticas ha contribuido a profundizar el clima de desconfianza que rodea al proceso electoral.
En un escenario ya caracterizado por el deterioro del diálogo político y la polarización institucional, la difusión de información falsa se ha transformado en un elemento adicional de inestabilidad, con posibles consecuencias en la participación ciudadana y la aceptación de los resultados.
Una situación preelectoral caracterizada por la falta de confianza
La conjunción de obstáculos institucionales, conflictos por el dominio del CNE y la circulación de información engañosa ha puesto al sistema electoral de Honduras en un estado de gran vulnerabilidad. Las señales de una posible crisis en la gestión gubernamental ilustran la intensidad de los conflictos políticos en un entorno donde la estabilidad institucional está comprometida y las vías de acuerdo siguen bloqueadas.
A menos de cinco meses de las elecciones generales, el panorama plantea desafíos sustanciales para la credibilidad del sistema electoral y la estabilidad del país. En este escenario, la atención recae sobre la capacidad de los actores políticos e institucionales para restablecer condiciones mínimas de confianza y asegurar un proceso electoral legítimo y transparente.
