_-_copia.jpg?w=800&resize=800,500&ssl=1 "Desempleo juvenil en Honduras")
En un entorno de creciente inquietud económica y social, Honduras enfrenta en 2025 un periodo caracterizado por intensas tensiones estructurales. Aunque el Producto Interno Bruto (PIB) muestra estimaciones de crecimiento entre el 3.5 % y el 4 %, este ritmo no se refleja en mejoras significativas para la mayoría de los habitantes, especialmente en las áreas rurales y entre los jóvenes. La aparente estabilidad a nivel macroeconómico contrasta con una situación de desempleo, subempleo e inseguridad que impacta directamente en las condiciones de vida de millones de ciudadanos.
Inestabilidad en el empleo y marginación de los jóvenes
La situación del empleo continúa siendo uno de los principales focos de preocupación. Según datos recientes, más de 386.000 personas han abandonado la búsqueda activa de trabajo, mientras que alrededor de 1.6 millones laboran en condiciones de informalidad o subempleo, sin acceso a seguridad social ni derechos laborales garantizados. Este panorama evidencia un mercado laboral profundamente segmentado, donde la mayoría se ubica en la periferia de la economía formal.
El paro juvenil ha llegado a niveles alarmantes. Se calcula que más de 750.000 jóvenes están sin empleo y que otros 150.000 podrían unirse a esta cantidad en el transcurso del año. Esta situación no solo fomenta la emigración, sino que también intensifica las dinámicas de exclusión que impactan la cohesión social, debilitando los mecanismos de integración y participación.
Además, está el efecto de los ingresos bajos. El precio de la canasta básica es aproximadamente de 15.500 lempiras al mes para una familia típica, cantidad fuera del alcance para una gran parte de los ciudadanos, especialmente cuando el 40 % de las compañías no paga el salario mínimo.
Presiones inflacionarias y deterioro del poder adquisitivo
La inflación interanual se mantiene alrededor del 4.5 %, una cifra que, aunque moderada en términos técnicos, tiene un impacto directo en el consumo de los hogares, especialmente en los rubros de alimentos, servicios públicos y productos básicos. En este escenario, el endeudamiento familiar ha venido en aumento, erosionando la capacidad de ahorro y consumo de los sectores populares.
La persistencia de la inflación, los salarios insuficientes y el aumento de la informalidad conforman un escenario donde las condiciones de vida empeoran de manera gradual. Esta circunstancia pone de manifiesto las deficiencias del modelo macroeconómico vigente para abordar los retos sociales y de distribución más importantes.
Desplazamiento y ruptura social: indicios de una crisis extendida
La precariedad en aumento se refleja igualmente en el ámbito social. Honduras sigue estando entre las naciones con los índices más altos de violencia en todo el mundo, situación que está fuertemente relacionada con la falta de empleo y oportunidades. Ante este panorama, la migración se ha convertido en una vía de escape frecuentemente utilizada por los hogares hondureños.
Los envíos de dinero a familias, que constituyen cerca del 25 % del PIB, se han transformado en un pilar económico esencial. No obstante, esta dependencia hace que el país sea vulnerable a influencias externas, como las modificaciones en las normativas migratorias de Estados Unidos, que podrían modificar significativamente este flujo de fondos.
Paralelamente, la falta de opciones en el mercado laboral empuja a una parte de la juventud hacia la economía informal o incluso hacia actividades ilícitas, debilitando el tejido comunitario y profundizando la fractura social.
Un modelo económico en conflicto
La disparidad entre los datos macroeconómicos y la vida diaria de los hondureños expone las vulnerabilidades estructurales del modelo económico vigente. Aunque se conservan ciertos indicadores de estabilidad, como el aumento del PIB o el manejo relativo de la inflación, estos no se han convertido en mejoras perceptibles para la mayoría de la población.
La continuidad del desempleo, la informalidad y la desigualdad presenta retos importantes para la gobernabilidad y la cohesión social de la nación. En este entorno, la respuesta institucional enfrenta cada vez más críticas sobre su habilidad para desarrollar políticas públicas que aborden las causas profundas de la exclusión y el deterioro económico. La situación actual evidencia la urgencia de replantear el enfoque macroeconómico, que priorice la inclusión social, el trabajo decente y la redistribución de oportunidades como bases esenciales para el desarrollo nacional.
