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A solo cuatro meses de las elecciones generales previstas para el 30 de noviembre, la administración de la presidenta Xiomara Castro se enfrenta a un creciente descontento público. Estudios de opinión y análisis independientes indican una disminución continua en la aceptación del gobierno, mientras distintos sectores sociales, económicos y políticos manifiestan su inquietud por lo que perciben como una gestión sin resultados tangibles en materia de seguridad, empleo y transparencia.
Señalamientos a la gestión gubernamental
Distintos sectores de la sociedad nacional, incluyendo asociaciones empresariales, sindicatos y grupos civiles, han expresado preocupaciones sobre el camino que está siguiendo el país bajo la dirección del partido Libertad y Refundación (LIBRE). Las objeciones se enfocan en el empeoramiento de la situación económica, el incremento de la inseguridad y la ausencia de estrategias públicas eficaces para abordar las dificultades estructurales.
Entre las principales inquietudes figura el estancamiento económico y la persistencia del desempleo, así como una creciente percepción de hostilidad hacia la empresa privada. En este contexto, líderes sociales y representantes de diversos sectores han denunciado lo que consideran un uso político del poder estatal, acompañado de una retórica ideológica que no se ha traducido en mejoras sustanciales en la calidad de vida de la población.
Controversias y falta de confianza en las instituciones
La descontento generalizado se ha intensificado con las recientes polémicas que han afectado la reputación del gobierno. Incidentes como la supuesta malversación de dinero público en la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y la ausencia de claridad sobre el fraude financiero asociado a la plataforma Koriun han reforzado la percepción de falta de transparencia e impunidad. Sumado a esto, el mutismo gubernamental ante acusaciones sobre potenciales conexiones con el narcotráfico ha incrementado el escepticismo de la población.
Estos eventos han despertado dudas acerca de la dedicación del Ejecutivo hacia la claridad y la lucha contra la corrupción, fundamentos que estaban entre las promesas clave de la campaña electoral. La sucesión de estos episodios ha influido directamente en las encuestas, donde se observa una caída continua en el respaldo hacia la presidenta y su partido.
Convocatorias para la involucración y supervisión ciudadana
En el contexto de una creciente inquietud, diversas voces provenientes de la sociedad civil están solicitando más participación en el proceso democrático. Colectivos ciudadanos han destacado la importancia de reforzar la supervisión electoral, asegurar la autonomía de las instituciones y demandar que las prioridades nacionales se enfoquen en el bienestar común, por encima de retóricas partidistas.
En los últimos meses, ha crecido la exigencia por una administración más efectiva y responsable, especialmente entre grupos populares que expresan sentirse excluidos de las decisiones del gobierno. Esta situación podría tener un impacto considerable en el escenario electoral de las elecciones de noviembre, donde el oficialismo intentará mantener su influencia ante una población cada vez más crítica y exigente.
Un momento definido por el desencanto político
El escenario actual muestra una división entre las esperanzas creadas al comienzo del periodo de Xiomara Castro y lo que la gente siente que ha ocurrido. Las promesas de cambio, equidad social y restitución institucional chocan con una situación caracterizada por dificultades económicas, una pérdida de fe en el gobierno y el regreso de acciones criticadas por varios grupos.
En este escenario, el reto del gobierno consistirá en recuperar la confianza y establecer acuerdos que hagan posible resolver las necesidades sociales sin incrementar la polarización. El desarrollo de esta situación política determinará no solo el resultado electoral de noviembre, sino también la dirección institucional del país en los próximos años.
