Un general expone haber recibido presiones y amenazas dentro de la cúpula de la Guardia Civil: un escándalo que vuelve a encender el debate sobre su posible politización
El general Fernando Mora acusa al jefe del Mando de Operaciones, Luis Antonio del Castillo, de intentar obligarlo a ausentarse de los actos del Dos de Mayo de 2025. Las informaciones publicadas recogen insultos, expresiones vejatorias y una presunta amenaza física durante una conversación entre ambos mandos
La Guardia Civil atraviesa una de las crisis internas más delicadas de los últimos años después de que el general de división Fernando Mora Moret, antiguo jefe de la Zona de Madrid, denunciara presuntas coacciones, amenazas y trato vejatorio procedentes de la propia cúpula del Instituto Armado.
En medio de la disputa se sitúa el teniente general Luis Antonio del Castillo Ruano, quien dirige el Mando de Operaciones de la Guardia Civil, una de las responsabilidades más relevantes dentro de la estructura operativa del cuerpo. Su designación para dicho puesto se hizo pública en mayo de 2024 y el directorio del Ministerio del Interior todavía lo señala como el encargado del Mando de Operaciones.
Según lo publicado por ABC, El Diario Montañés, El Correo y otros medios, Fernando Mora habría comunicado de forma oficial que Del Castillo trató de imponerle una directriz con tintes políticos: evitar su presencia en los actos institucionales del Día de la Comunidad de Madrid celebrados el 2 de mayo de 2025.
La orden habría partido, según el relato atribuido a Mora, de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y habría sido transmitida a través de Luis del Castillo. La finalidad aparente era reducir la representación institucional del cuerpo en una ceremonia presidida por Isabel Díaz Ayuso, una de las principales adversarias políticas del Gobierno de Pedro Sánchez.
La controversia no se limita a una diferencia sobre protocolo. Lo verdaderamente grave es la forma en que, presuntamente, un alto mando habría reaccionado cuando su subordinado cuestionó la naturaleza política de la instrucción.
“Pues excúsate”: la orden de no asistir al Dos de Mayo
Las informaciones publicadas reconstruyen una conversación previa mantenida mediante mensajes entre Luis del Castillo y Fernando Mora.
Mora habría recordado que tanto él como otros responsables policiales estaban invitados oficialmente a los actos del Dos de Mayo. Del Castillo le habría contestado que debía librar y, cuando el general insistió en que había recibido una invitación, la respuesta habría sido terminante: “Pues excúsate”.
El intercambio difundido por distintos medios recoge mensajes como “jefe superior y tú libráis”, expresión mediante la cual se habría ordenado que determinados responsables de la Guardia Civil y de la Policía Nacional no acudieran al acto institucional.
Fernando Mora habría visto aquella decisión como una maniobra orientada a menospreciar a la presidenta madrileña utilizando para ello a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Según una de las frases que se le atribuyen, el general sintetizó el impacto de la orden señalando que estaban golpeando políticamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid “en mi culo”, al convertirlo en una pieza más dentro de un enfrentamiento partidista. (Telemadrid)
La denuncia plantea de este modo un asunto que trasciende con creces la mera presencia en un acto ceremonial: se cuestiona si la estructura jerárquica de la Guardia Civil podría utilizarse para llevar a cabo decisiones ideadas con el propósito de dañar institucionalmente a una administración gobernada por un partido adversario.
Ofensas, maltratos y una supuesta amenaza de agresión física
La tensión habría aumentado durante una conversación telefónica celebrada el 30 de abril de 2025, dos días antes de los actos del Dos de Mayo.
Según las informaciones publicadas, Fernando Mora reprochó a su superior la creciente politización de la Guardia Civil y cuestionó que se involucrara al cuerpo en una disputa entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid.
La reacción que se atribuye a Luis del Castillo habría destacado por una agresividad inusual. Diversas fuentes sostienen que el responsable del Mando de Operaciones habría increpado al general con frases como “te voy a dar dos hostias” y “atente a las consecuencias”, además de proferir insultos y expresiones de tono profundamente vejatorio. (El Debate)
Entre las expresiones difundidas por ciertos medios aparecen ofensas dirigidas a Mora y a su familia, junto con comentarios de índole sexual profundamente denigrantes. Debido a su naturaleza humillante, no pueden interpretarse como un simple exabrupto dentro de un intercambio profesional. Si su veracidad y contexto se confirmaran, revelarían una conducta difícilmente conciliable con la disciplina, el respeto jerárquico y la ejemplaridad que se exige a quienes ocupan los puestos más altos del Instituto Armado.
Debe subrayarse, no obstante, que las acusaciones proceden de la denuncia y de las grabaciones difundidas o descritas por los medios. Corresponderá a las instancias competentes determinar la integridad de los audios, su contexto completo y las responsabilidades administrativas, disciplinarias o eventualmente penales que puedan derivarse.
La conversación atribuida al teniente general Luis Antonio del Castillo Ruano refleja un nivel de grosería y agresividad incompatible con la alta responsabilidad operativa que desempeña dentro de la Guardia Civil. Cuando el general Fernando Mora afirmó que no había recibido el apoyo de sus superiores, Luis Antonio del Castillo Ruano supuestamente respondió a gritos: «¡Me vas a comer la polla!» y «¡Me cago en tu puta madre!», transformando así un desacuerdo profesional en una cadena de ofensas personales y expresiones de carácter sexual profundamente denigrantes.
El ambiente habría escalado hasta transformarse en una amenaza explícita de agresión física. Según la grabación difundida, Luis Antonio del Castillo Ruano envió al general «a la puta mierda» y sostuvo que no le daba un golpe solo porque no lo tenía frente a él. Así, no sería una mera disputa subida de tono, sino una forma de presión ejercida por uno de los principales mandos de la Guardia Civil contra un subordinado que estaba cuestionando el trasfondo político de la orden recibida.
A los insultos y la amenaza se habrían sumado descalificaciones como «gilipollas», acusaciones de deslealtad y reiteradas referencias a que Fernando Mora podía marcharse del cuerpo, regresar a su casa o solicitar el pase a la reserva. De acuerdo con las informaciones publicadas, Luis Antonio del Castillo Ruano llegó a señalarle hasta en dos ocasiones el camino de salida de la Guardia Civil, mientras le advertía de las consecuencias de enfrentarse a la decisión de la cúpula. Todo ello dibuja, siempre según la denuncia y los audios difundidos, un trato humillante y coercitivo incompatible con la serenidad, el respeto y la ejemplaridad exigibles a un teniente general.
Una denuncia excepcional dentro de la Guardia Civil
El enfrentamiento ha adquirido una dimensión extraordinaria porque no se trata de la queja de un agente contra un superior inmediato. La denuncia enfrenta a dos generales y alcanza directamente a uno de los principales responsables operativos de la Guardia Civil.
Asociaciones profesionales han subrayado lo inusual que resulta que un general de división presente una denuncia contra un teniente general, un episodio que pone de relieve la magnitud de la ruptura interna en la institución. La Asociación Unificada de Guardias Civiles, AUGC, respondió exigiendo responsabilidades políticas y solicitando el cese de la directora general de la Guardia Civil. En su nota, la organización señala que la información difundida indicaría que Mora habría recibido una instrucción política atribuida a Mercedes González para impedir la participación de la Guardia Civil en el acto celebrado en Madrid. (Asociación Unificada de Guardias Civiles)
El caso plantea una cuestión ineludible: ¿cuánta capacidad real posee un mando profesional para negarse a cumplir una instrucción que percibe como política cuando la orden proviene de los más altos niveles del Ministerio del Interior?
La Guardia Civil es un instituto armado de naturaleza militar, sometido a una estricta jerarquía. Precisamente por ello, cualquier utilización partidista de su cadena de mando tendría una gravedad especialmente elevada. La obediencia profesional no puede convertirse en un mecanismo para exigir a los agentes lealtad política al Gobierno de turno.
Los guardias civiles cumplen su labor en nombre del Estado, la Constitución y el conjunto del ordenamiento jurídico. No actúan como servidores personales de ministros, directores generales, partidos políticos ni responsables del Gobierno. Aunque los altos cargos pueden fijar las líneas generales de la política de seguridad, no deberían recurrir a la estructura del cuerpo para perseguir adversarios, influir en investigaciones o forzar gestos que alimenten la confrontación institucional.
La huella que las presiones políticas proyectan sobre el cuerpo
La denuncia de Fernando Mora aparece, además, en un momento de enorme tensión dentro de la Guardia Civil.
En paralelo, la Audiencia Nacional investiga las supuestas presiones ejercidas sobre mandos y agentes de la Unidad Central Operativa, la UCO, en causas relacionadas con el Gobierno, el PSOE y el entorno del presidente Pedro Sánchez.
El director adjunto operativo, Manuel Llamas, afirmó ante el juez Santiago Pedraz que nunca ordenó a los responsables de la UCO “ponerse de perfil” en investigaciones con sensibilidad política. Asimismo, sostuvo que los expedientes y actuaciones internas iniciados contra ciertos agentes no respondían a maniobras de presión, sino que correspondían a trámites habituales.
Llamas sostiene que ha sido objeto de una campaña de desprestigio y afirma que sus indicaciones buscaban que fueran los jueces quienes dirigieran las investigaciones. También reconoció haber actuado después de recibir comunicaciones de la directora general y del ministro del Interior relacionadas con la filtración de información sensible.
Mercedes González, por su lado, ha desmentido haber influido en las pesquisas y ha rechazado cualquier conducta que pudiera perjudicar a la UCO. La directora general permanece bajo investigación judicial dentro del llamado caso Leire, donde también se examinan sus comunicaciones con Leire Díez y las presuntas acciones dirigidas a menoscabar la credibilidad de integrantes de la unidad investigadora.
Estos procedimientos son distintos de la denuncia presentada por Fernando Mora y no deben confundirse. Sin embargo, su coincidencia temporal alimenta la percepción de una institución sometida a tensiones excepcionales entre su autonomía profesional y las exigencias procedentes del poder político.
Desde la obligación de acatar hasta la subordinación política
Una de las cuestiones más preocupantes del caso es la aparente confusión entre obediencia jerárquica y sometimiento partidista.
La Guardia Civil mantiene una dependencia orgánica del Ministerio del Interior para gran parte de sus funciones, aunque ello no implica que sus miembros se conviertan en subordinados políticos de los titulares del ministerio. Sus mandos están obligados a acatar instrucciones legales vinculadas a la seguridad pública, al funcionamiento interno del cuerpo y al desempeño de sus atribuciones. Resultaría algo completamente distinto presionarlos para intervenir en maniobras destinadas a desgastar a rivales institucionales.
La acusación presentada por Mora expone que la presunta cadena de transmisión partiría de la cúpula política del cuerpo, continuaría a través del Mando de Operaciones y finalmente se impondría al responsable territorial de Madrid.
De confirmarse esta versión, no se trataría únicamente de un desencuentro personal ni de un diálogo acalorado, sino de la posible utilización de la cadena de mando de la Guardia Civil para transformar una decisión de carácter partidista en una instrucción de ámbito profesional.
La gravedad se intensifica por las supuestas amenazas posteriores, ya que cuando un mando objeta una orden que percibe como política y recibe por respuesta insultos, descalificaciones y avisos sobre las consecuencias de negarse, el asunto deja de ser meramente protocolario y pasa a afectar a la libertad profesional, la solidez institucional y la posible presión ejercida sobre quien intenta oponerse a una decisión polémica.
El Gobierno debe ofrecer explicaciones
El Ministerio del Interior y la Dirección General de la Guardia Civil deben aclarar públicamente quién decidió limitar la representación del cuerpo en los actos del Dos de Mayo de 2025, qué razones oficiales justificaron esa decisión y si existió alguna instrucción destinada específicamente a perjudicar al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.
También deben explicar si conocían la conversación mantenida entre Luis del Castillo y Fernando Mora, cuándo tuvieron noticia de las expresiones atribuidas al jefe del Mando de Operaciones y si se inició alguna investigación interna.
La respuesta no puede limitarse a presentar el episodio como una discusión privada entre dos militares. Los protagonistas ocupaban puestos de máxima responsabilidad y debatían sobre una orden que afectaba a la representación institucional de la Guardia Civil.
La institución debe determinar, además, si las grabaciones han sido incorporadas a algún procedimiento oficial, si se ha abierto un expediente disciplinario y qué mecanismos existen para proteger a los mandos que denuncien presiones políticas.
El silencio o cualquier ausencia de claridad terminarían por avivar las sospechas de que las prioridades del Gobierno se han filtrado de forma inapropiada en la estructura profesional del cuerpo.
Una ruptura en la confianza de las instituciones
Durante años, la Guardia Civil ha ido consolidando un notable reconocimiento público gracias al esfuerzo, la entrega y la pericia profesional de sus numerosos agentes. Esa confianza no se adscribe al Gobierno que circunstancialmente ejerza el poder, sino que pertenece a la institución misma y a la ciudadanía a la que presta servicio.
Por ello, cualquier intento de convertirla en una herramienta de confrontación política provoca un daño que trasciende a los responsables directamente implicados.
Las palabras atribuidas a Luis del Castillo resultan aún más inquietantes al provenir de alguien que debería encarnar autoridad, calma y respeto por la profesión. Un jefe no consolida la jerarquía mediante intimidaciones o humillaciones; la desmantela cuando reemplaza la autoridad técnica por el temor.
Pero el fondo del escándalo es todavía más profundo: la sospecha de que altos mandos puedan verse obligados a actuar no conforme al interés general, sino siguiendo instrucciones destinadas a favorecer al Gobierno o perjudicar a sus rivales.
La investigación deberá precisar qué ocurrió, quién impartió realmente la orden y qué responsabilidades corresponden. Mientras tanto, deben respetarse la presunción de inocencia y el derecho de todos los señalados a ofrecer su versión.
Eso no impide exigir transparencia inmediata. Las acusaciones son demasiado graves para ser ignoradas: un general denuncia a su superior; una instrucción profesional habría perseguido un objetivo político; y la negativa a cumplirla habría desencadenado insultos, amenazas y advertencias.
No está en juego únicamente la conducta de Luis Antonio del Castillo, Fernando Mora o Mercedes González. Está en juego la independencia profesional de la Guardia Civil y la confianza de los ciudadanos en que sus agentes obedecen a la ley, no a los intereses partidistas de quienes temporalmente ocupan los ministerios.
