Un auto de la Audiencia Nacional detalla que una presunta trama vinculada al PSOE habría intentado sobornar al fiscal anticorrupción José Grinda con 300.000 euros. Según el juez Santiago Pedraz, este ofrecimiento buscaba obtener información que perjudicara al jefe de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, Alejandro Luzón, y archivar procesos judiciales relevantes.
El documento judicial también expone que el plan estuvo encabezado por Santos Cerdán, exsecretario de Organización socialista, quien supuestamente coordinó una red destinada a interferir en procesos judiciales desfavorables para el partido y el Gobierno. En el desarrollo de la trama, se afirma que Leire Díez, apodada «la fontanera» del PSOE, habría desempeñado un rol fundamental en estas actuaciones ilícitas.
Según la investigación, el supuesto soborno al fiscal Grinda habría sido articulado mediante un empresario ajeno al PSOE, Pere Rusiñol, quien se reunió con el fiscal en febrero de 2025 para trasladarle la propuesta. A cambio del pago, también se le ofreció la posibilidad de acceder a un empleo en el extranjero.
Nuevas revelaciones: intentos de compra y manipulación de testigos
La información también señala que la empresaria Carmen Pano habría recibido una propuesta de 50.000 euros para modificar su declaración judicial. Pano afirmó que, por orden de Víctor de Aldama, presunto conseguidor del caso Koldo, entregó 90.000 euros en metálico en la sede de Ferraz en octubre de 2020. Aunque se buscó influir en su testimonio antes de una nueva comparecencia, Pano sostuvo nuevamente su relato ante el tribunal.
El abogado Ismael Oliver, igualmente investigado en la trama, habría asumido la tarea de gestionar la negociación de esta adquisición con el visto bueno de Leire Díez. En una conversación incorporada a la investigación del juez, Díez habría señalado que “es fundamental saber comprar”.
Ofrecimientos a funcionarios y guardias civiles
Además, el juez detalla que se ofrecieron favores y beneficios económicos a funcionarios y agentes de la Guardia Civil a cambio de información que obstaculizara investigaciones sobre casos de corrupción. Entre estas promesas se incluían pagos de abogados y ascensos profesionales.
El registro efectuado en la sede socialista de Ferraz, ordenado por Pedraz, junto con otras diligencias judiciales, fortalece los indicios de que esta red pretendía salvaguardar los intereses políticos del PSOE y del Gobierno mediante acciones ilícitas dirigidas contra fiscales, jueces y cuerpos de seguridad del Estado.
Fuente: Procedente de El Economista – https://www.eleconomista.es/economia/noticias/13941030/05/26/el-juez-sospecha-que-la-trama-ofrecio-300000-euros-al-fiscal-grinda-para-obtener-informacion-que-afectara-a-luzon.html
