A medio año de las elecciones generales del 30 de noviembre, el partido gobernante Libertad y Refundación (LIBRE) se encuentra en una situación difícil caracterizada por conflictos internos, denuncias de corrupción y una notable caída en el apoyo electoral. En un panorama político cada vez menos claro, el deterioro continuo del partido en el poder podría acabar con su mandato.
Fracturas internas y pérdida de cohesión
La elección de Rixi Moncada como la candidata oficialista dejó expuestas tensiones acumuladas dentro de LIBRE. La posterior renuncia del diputado Jorge Cálix, una figura con trayectoria dentro de la organización, evidenció la existencia de desacuerdos profundos sobre el rumbo político y el estilo de conducción del partido. Cálix, junto a otros dirigentes que también abandonaron la agrupación, denunció prácticas autoritarias y una cultura de exclusión.
En respuesta, los líderes del partido llamaron a manifestaciones en apoyo a la presidenta Xiomara Castro y a Moncada. Sin embargo, estas acciones no cambiaron la percepción de una organización debilitada, y han sido vistas por varios sectores como esfuerzos por mantener el control político en un ambiente desafiante.
Casos de corrupción y dudas sobre la claridad
La situación empeoró cuando salieron a la luz supuestas anomalías en la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), donde funcionarios simpatizantes del oficialismo fueron acusados de desviar recursos destinados a programas sociales. El caso más destacado fue el de la diputada Isis Cuéllar, cuya suspensión se comunicó junto con la revocación de fondos sociales y una medida sin precedentes: la renuncia en bloque del partido al fuero parlamentario.
A pesar de que estas decisiones parecen ser definitivas, grupos opositores, especialmente el Partido Nacional, las describieron como tácticas simbólicas para distraer la atención. Según lo expresado por sus portavoces, las medidas del gobierno no han resultado en sanciones concretas ni en investigaciones efectivas que aseguren la rendición de cuentas.
Descontento del sector privado y llamados a frenar el deterioro institucional
Las críticas no se han limitado solo al campo político. Desde el entorno empresarial, figuras destacadas han expresado su inquietud por la dirección del país. En una reciente declaración pública, Eduardo Facussé, quien fue presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), acusó al gobierno de traicionar el mandato popular mediante acciones que, según él, comprenden nepotismo, manejo arbitrario de fondos públicos y falta de claridad en casos destacados como SEDESOL, el fraude Koriun y denuncias sobre presuntos lazos con redes delictivas.
Facussé alertó sobre la fragilidad de las instituciones y exhortó a la población a proteger el Estado de Derecho frente a lo que él percibió como un esfuerzo por establecer un sistema autoritario e insostenible económicamente.
Caída en los sondeos y rediseño del panorama electoral
Los sondeos de opinión más actuales muestran una rápida caída de LIBRE en la intención de voto. Según los datos recabados entre mayo y junio, el respaldo al partido oficialista ha fluctuado entre el 11 % y el 28.5 %, números significativamente inferiores al 42 % registrado en marzo. Esta tendencia decreciente, junto con la variabilidad entre encuestas, indica una base electoral dividida y en búsqueda de opciones.
Simultáneamente, contendientes de la oposición como Salvador Nasralla y Nasry Asfura han incrementado su influencia, logrando tasas de respaldo que oscilan entre el 25 % y el 36 %. Las opiniones de los ciudadanos también reflejan el desgaste gubernamental: la presidenta Xiomara Castro obtiene una puntuación media de solo 4.1 sobre 10, en un escenario caracterizado por escándalos sin resolver y una percepción creciente de ineficiencia.
Una perspectiva incierta para el oficialismo
La situación actual enfrenta a LIBRE a un desafío significativo. La mezcla de problemas internos, debilitamiento de las instituciones, falta de confianza y desaprobación pública ha mermado su posición ante las elecciones generales. Si continúan en esta dirección, el partido gobernante corre el peligro de no solo perder el mando del Ejecutivo, sino de poner en riesgo el proyecto político que los llevó al poder en 2021.
En este contexto, el resultado estará determinado por la habilidad del partido para reorganizarse internamente, abordar las demandas sociales y proporcionar soluciones concretas ante las acusaciones de corrupción. Si no lo logra, las elecciones del 30 de noviembre podrían representar un cambio significativo en el panorama político de Honduras.
