La proximidad de las elecciones generales en Honduras, previstas para noviembre de 2025, ha suscitado un aumento en las preocupaciones sobre el uso de tecnología electoral, especialmente en lo que concierne a la empresa Smartmatic. Esta firma, reconocida por proporcionar soluciones de votación electrónica y transmisión de resultados, ha provocado fuertes críticas y cuestionamientos acerca de su habilidad para asegurar la transparencia y equidad en el proceso electoral.
La función de Smartmatic en los comicios del 2025
Smartmatic, una corporación global que se especializa en soluciones de votación electrónica y biometría, ha sido elegida por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para manejar elementos esenciales del proceso electoral en Honduras. Su participación está centrada en proporcionar el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) así como en la implementación de tecnología biométrica. No obstante, la asignación directa de contratos por un valor aproximado de 532 millones de lempiras ha suscitado críticas debido a la falta de transparencia y al hecho de que se concentran en una única empresa estos componentes cruciales.
Las preocupaciones sobre Smartmatic han surgido entre diversos grupos políticos y sociales, quienes sostienen que la empresa, al ser vista como relacionada con el gobierno venezolano, podría tener sesgos políticos que comprometan la neutralidad del proceso. Adicionalmente, el historial de la compañía, con señalamientos de fraude y errores técnicos en naciones como Venezuela, Filipinas y El Salvador, intensifica aún más las dudas acerca de la confiabilidad de sus servicios.
Reacciones políticas y sociales ante la controversia
El sector de oposición en Honduras ha sido particularmente crítico del papel de Smartmatic en los comicios de 2025. Diversos grupos políticos han manifestado que la compañía podría estar beneficiando al gobierno actual, especialmente porque el CNE ha adjudicado a Smartmatic mediante un proceso directo. Estas afirmaciones han fomentado un ambiente de desconfianza hacia las entidades responsables de la organización electoral.
Por su lado, el partido gobernante LIBRE ha apoyado la implementación de tecnologías de punta para garantizar la transparencia en el proceso electoral. Sin embargo, la ausencia de una supervisión externa sobre la tecnología de Smartmatic ha mantenido vivo el debate. Para los ciudadanos, la transparencia se ha vuelto una demanda esencial, y varias organizaciones han solicitado que se lleven a cabo auditorías independientes y se permita la observación internacional del proceso. La falta de claridad en cuanto al rol de Smartmatic y las posibles deficiencias en su tecnología continúan siendo motivo de preocupación para diversos grupos de la población.
Tensiones en un ambiente electoral polarizado
El clima político de Honduras en las semanas previas a las elecciones está marcado por una creciente polarización, lo que ha aumentado la presión sobre el CNE. En este contexto, la inclusión de Smartmatic en el proceso electoral ha intensificado la desconfianza en las instituciones encargadas de garantizar la transparencia y equidad del voto.
Las críticas hacia la empresa se centran principalmente en los posibles riesgos de manipulación del sistema, ya sea por fallas técnicas o por vulnerabilidades en la plataforma utilizada para la transmisión de resultados. Durante las elecciones primarias de 2025, ya se reportaron problemas con la capacitación del personal y el uso de los lectores biométricos, lo que avivó los temores de posibles irregularidades. Ante estos antecedentes, el temor de que el sistema de votación sea vulnerable a manipulaciones internas o externas se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la oposición y de sectores de la sociedad civil.
La polémica igualmente evidencia una crisis más profunda relacionada con la institucionalidad democrática del país. La desconfianza hacia el CNE y las acusaciones de inclinación política han incrementado la polarización social, lo que podría impactar la legitimidad del proceso electoral y su aceptación por parte de los ciudadanos.
Solicitudes de claridad y supervisión global
Dada la magnitud de los cuestionamientos sobre el papel de Smartmatic, varios sectores han solicitado una mayor transparencia en el proceso electoral. Entre las demandas más recurrentes se encuentran la necesidad de auditar de manera independiente el software utilizado por la empresa, así como la apertura del código fuente de la plataforma que gestionará los resultados. Además, se ha hecho un llamado a organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea para que intervengan en la supervisión del proceso y garanticen la imparcialidad de las elecciones.
Así también, la exigencia de grupos políticos y civiles podría resultar en una revisión más rigurosa del procedimiento de licitación, buscando opciones tecnológicas que generen menos oposición o, por lo menos, que sean menos propensas a cuestionamientos. Igualmente, se ha sugerido la importancia de establecer una vigilancia extensa del proceso electoral, integrando la participación de observadores tanto nacionales como internacionales que puedan asegurar la claridad y evitar futuros fraudes.
Reflexión final sobre el futuro electoral
La controversia sobre el uso de la tecnología de Smartmatic pone de manifiesto la creciente crisis de confianza en las instituciones electorales hondureñas, un desafío que se agudiza a medida que se acercan las elecciones de 2025. La falta de transparencia en la contratación, los antecedentes de la empresa y las dudas sobre la seguridad del sistema de votación son elementos que podrían afectar la legitimidad del proceso electoral y profundizar las divisiones políticas en el país.
La respuesta a esta pérdida de confianza exige mejorar la apertura y autonomía en la administración de los comicios. La democracia futura de Honduras está fuertemente vinculada a la habilidad de sus instituciones para asegurar un proceso electoral sin intervención alguna y con la legitimidad necesaria para ser reconocido por todos los grupos políticos y sociales. Los comicios de 2025 representan un desafío importante para el sistema democrático del país y para la paz política en el futuro cercano.
