El foro económico organizado en Bogotá por el Gobierno colombiano, bajo el liderazgo del Ministerio de Hacienda, se convirtió en un foco de controversia nacional e internacional. La participación como panelista del expresidente ecuatoriano Rafael Correa, condenado en 2020 a ocho años de prisión por cohecho en el caso “Sobornos 2012-2016”, desató fuertes críticas de distintos sectores políticos y ciudadanos.
La invitación, anunciada el 13 de abril a través de la cuenta oficial del Ministerio de Hacienda en redes sociales, generó un intenso rechazo. Rafael Correa, quien es considerado prófugo de la justicia ecuatoriana, fue condenado por su rol estratégico en un esquema de corrupción que involucró sobornos y aseguraba contratos públicos beneficiosos a cambio de aportes financieros ilícitos. Esta invitación cuestiona, según analistas, la legitimidad de incluir figuras con antecedentes penales en eventos oficiales.
Entre las críticas más destacadas se encontró la de la senadora María Fernanda Cabal, quien describió al expresidente como un prófugo delincuente y subrayó su vínculo con el escándalo internacional de Odebrecht. Del mismo modo, la concejal Clara Lucía Sandoval afirmó que la presencia de Correa constituía un respaldo simbólico del Gobierno Petro a figuras sentenciadas, algo que calificó como muy petrista. A su vez, el economista Germán Ricaurte señaló que el evento transmitía un mensaje inadmisible sobre la integridad institucional, enfatizando que Correa no solo representa un emblema del soborno, sino también a alguien que elude la justicia.
En redes sociales, diversos usuarios retomaron estas opiniones y pusieron en duda cómo podría influir la presencia de Correa en la imagen internacional de Colombia, mientras que el debate llegó igualmente a los medios, donde algunos analistas señalaron que la polémica no se centraba únicamente en la asistencia del exmandatario ecuatoriano, sino también en el mensaje institucional que el Gobierno colombiano transmite al vincularse con figuras tan polarizantes.
La jornada estuvo marcada por más factores de tensión. Mientras el evento buscaba debatir sobre política monetaria y soberanía financiera en América Latina, las relaciones entre el Gobierno Petro y el Banco de la República también mostraron fracturas visibles. Hace poco, el banco central elevó las tasas de interés en 100 puntos básicos, una acción que no fue bien recibida por el presidente ni su equipo económico. La ruptura se hizo evidente con la ausencia del ministro de Hacienda, Germán Ávila, durante importantes discusiones con la junta directiva. La invitación de Correa se percibió en algunos círculos como una estrategia gubernamental para politizar aún más el foro en un contexto complicado.
Aunque la polémica persiste, el Gobierno todavía no ha ofrecido una declaración formal que atienda las críticas, pero el escenario ha impulsado un análisis más profundo sobre cómo se presentan figuras públicas con historial judicial y sobre las consideraciones éticas vinculadas a su presencia en actos oficiales de gran relevancia.
