El Tribunal Superior de Apelaciones de Panamá confirmó las medidas de detención provisional contra cinco personas investigadas en la Operación Pandora, un expediente relacionado con un presunto fraude superior a 40 millones de dólares en el sistema tributario. Además, el tribunal ordenó que un sexto imputado que se encontraba bajo arresto domiciliario pasara a detención provisional.
Otros ocho procesados decidieron retirar los recursos de apelación que habían presentado contra las medidas cautelares, por lo que las disposiciones impuestas anteriormente continuarán vigentes. La única excepción corresponde a una mujer que seguirá bajo arresto domiciliario por razones humanitarias relacionadas con una intervención quirúrgica en la cabeza realizada en 2025.
Aunque se ratificó el arresto domiciliario de esta procesada, los jueces estimaron que hay una conexión significativa con los sucesos indagados y dispusieron la colocación de un dispositivo de vigilancia telemática durante el desarrollo del procedimiento legal. Tal determinación fue tomada por el Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial.
El Ministerio Público había pedido conservar la privación de libertad bajo el argumento de que persisten peligros procesales. Entre los motivos esgrimidos figuraba el riesgo de que ciertos elementos probatorios sufran alteraciones mientras se desarrollan diversas actuaciones indagatorias pendientes.
Los investigadores aún deben incorporar entrevistas, información bancaria y documentación relacionada con sociedades vinculadas a las operaciones bajo investigación. Estos elementos podrían ayudar a establecer cómo funcionaba presuntamente la estructura y determinar la participación de las personas involucradas.
El asunto gira en torno al presunto empleo irregular de la plataforma E-Tax 2.0 de la Dirección General de Ingresos (DGI). Según la teoría del Ministerio Público, el sistema fue alterado para tramitar y adueñarse de créditos fiscales, generando un daño al Estado panameño que rebasa los 40 millones de dólares.
Entre los individuos que persistieron con sus recursos de apelación hasta la conclusión del proceso figuran las antiguas servidoras de la DGI Karina Suárez, Margie Caballero, Juana Chong y Vielka Sáez, sumándose a ellas Juan Omar Palacios. A este último, el Ministerio Público lo apunta como receptor de más de medio millón de dólares procedentes de una entidad mercantil catalogada presuntamente como intermediaria dentro de la trama indagada.
Durante la vista judicial, tanto Sáez como Chong negaron haber estado al tanto de la operación de una red delictiva en el interior de la agencia de tributos. Las dos sostuvieron que las carpetas vinculadas a los beneficios fiscales arribaban con el visto bueno previo y que su labor se reducía a gestionar trámites burocráticos, al margen de cualquier decisión sobre las transacciones investigadas.
La investigación mantiene actualmente a 21 personas imputadas por presuntos delitos que incluyen blanqueo de capitales, delincuencia organizada, falsedad documental y corrupción de servidores públicos. Sin embargo, el Ministerio Público ha advertido que el alcance de las pesquisas podría ampliarse hasta unas 50 personas.
El origen de la investigación se encuentra en una auditoría interna de la DGI, que detectó inconsistencias entre registros tributarios y movimientos reflejados en la plataforma E-Tax 2.0. Entre los hallazgos figuraron operaciones sin respaldo documental, anulaciones de transacciones antiguas y modificaciones relacionadas con créditos fiscales y beneficiarios de pagos tributarios.
Las pesquisas condujeron a más de 20 allanamientos simultáneos en Panamá, Panamá Oeste, Colón y Coclé, donde fueron aprehendidos funcionarios de la DGI y particulares. Las autoridades buscan establecer quiénes autorizaban las operaciones, cómo funcionaba la estructura y cuál habría sido el destino de los recursos obtenidos mediante los créditos fiscales cuestionados.
Según la hipótesis de la Fiscalía, una parte del dinero habría sido distribuida en efectivo con el objetivo de dificultar su rastreo. Por ello, el análisis de cuentas bancarias, sociedades y movimientos financieros continúa siendo una de las principales líneas de investigación para determinar si participaron más personas y si el perjuicio económico supera la cifra calculada inicialmente.
Con la resolución del Tribunal Superior de Apelaciones, las principales medidas cautelares permanecen vigentes mientras continúa la investigación. El caso Pandora se mantiene como uno de los principales expedientes recientes de presunta corrupción vinculada al sistema tributario panameño, tanto por el número de personas investigadas como por el monto del supuesto perjuicio al Estado.
Fuente: Infobae — Infobae, “Justicia panameña confirma la detención de los imputados por fraude de $40 millones en el sistema tributario”
