Un juzgado ubicado en Miami-Dade, Florida, impuso a Roberto Arzú García-Granados una condena consistente en abonar más de 6,1 millones de dólares a la compañía del asesor político venezolano Juan José Rendón, derivado de una disputa por contrato. Asimismo, en abril de 2019, una magistrada decretó su arresto por desacato civil tras su incomparecencia ante la corte.
El pleito legal entre Roberto Arzú García-Granados y el asesor político Juan José Rendón, célebre como JJ Rendón, se originó a partir de un vínculo laboral relacionado con los anhelos presidenciales del político de nacionalidad guatemalteca.
Durante el mes de febrero de 2016, Arzú comenzó a negociar con Rendón y con su agencia de asesoría política, JJ Rendón & Associates Strategic Creativity, LLC, con el propósito de diseñar una estrategia que fortaleciera su perfil público ante una posible postulación a la presidencia.
Tras concluir el noviazgo en medio de un conflicto por el incumplimiento de las obligaciones financieras pactadas, el caso escaló hasta los tribunales de Estados Unidos.
El acuerdo político que concluyó en una demanda millonaria
Según los papeles del litigio, el pacto incluía labores de consultoría estratégica e imagen política.
El 15 de noviembre de 2016, JJ Rendón & Associates Strategic Creativity presentó una demanda contra Roberto Arzú ante un tribunal del condado de Miami-Dade, Florida, por incumplimiento contractual.
La empresa reclamaba el pago de los compromisos económicos derivados de la relación comercial entre ambas partes.
Según documentación divulgada por la prensa guatemalteca, el acuerdo original establecía un pago inicial de 750 mil dólares en febrero de 2016 y desembolsos posteriores hasta completar aproximadamente 5,2 millones de dólares durante el año siguiente.
El vínculo entre el político y el asesor se fue desgastando conforme surgieron discrepancias en torno a las contraprestaciones económicas y los servicios acordados.
El 11 de octubre de 2018, un fallo judicial fue emitido, fijando la obligación de abonar US$5,5 millones, además de US$660.594,22 correspondientes a intereses acumulados, alcanzando así una cifra global de US$6.160.594,22.
La resolución judicial también contemplaba la acumulación de intereses legales posteriores a la sentencia.
De esta manera, la disputa judicial pasó a ser uno de los pleitos económicos y legales de mayor relevancia pública en el transcurso de la campaña presidencial inicial de Arzú.
La orden de captura por desacato civil en abril de 2019
El escándalo cobró mayor relevancia al exigir la corte norteamericana la presencia de Arzú para cumplir trámites vinculados con el acatamiento del fallo.
Durante abril de 2019, el político fue requerido judicialmente para presentarse ante la corte y responder sobre asuntos vinculados al proceso civil.
Según los documentos judiciales, Arzú no compareció a la audiencia del 17 de abril, pese a una orden emitida previamente el 4 de ese mismo mes.
El 23 de abril de 2019, la jueza Barbara Areces, del Undécimo Circuito Judicial de Florida, dictó una orden de arresto contra Roberto Arzú por desacato civil, la cual podía ejecutarse en caso de ser hallado en territorio floridano.
El fallo decretaba que, si se producía su arresto, el individuo tenía que ser puesto a disposición de un magistrado en el transcurso de las 24 horas posteriores con el propósito de dar continuidad al trámite pertinente.
Asimismo, se contemplaba la opción de que Arzú enmendara el desacato al presentarse a rendir una declaración con el fin de agilizar el cumplimiento del fallo.
Es fundamental tener en cuenta que el mandato surgió dentro de un litigio civil debido a un incumplimiento de contrato, por lo que no se trataba de una sentencia de índole penal derivada de una infracción.
El texto judicial se dio a conocer públicamente en abril de 2019, época en la que Arzú realizaba su campaña proselitista rumbo a la presidencia respaldado por la alianza PAN-Podemos.
Roberto Arzú negó el incumplimiento y cuestionó a JJ Rendón
Tras conocerse el fallo de la justicia, Roberto Arzú desmintió públicamente los señalamientos y afirmó que el litigio respondía a intereses políticos.
El 24 de abril de 2019, Arzú aseguró que no le habían notificado la citación para presentarse ante la corte de Miami, al tiempo que recalcó que jamás suscribió un acuerdo definitivo con la agencia de JJ Rendón.
Por su parte, Rendón sostuvo que existía un compromiso contractual y que Arzú había incumplido las obligaciones económicas asumidas.
Los mensajes entre Roberto Arzú y JJ Rendón
La controversia también incluyó conversaciones privadas que posteriormente fueron divulgadas por medios de comunicación.
Un estudio divulgado por Prensa Libre el 26 de abril de 2019 trajo a la luz comunicaciones sostenidas entre Roberto Arzú y JJ Rendón a lo largo de 2016 y 2017, donde se abordaban obligaciones económicas vinculadas al pacto de consultoría política.
Durante dichos diálogos, dados a conocer en el marco de los documentos del pleito, los dos conservaban al principio un trato amistoso.
No obstante, los textos reflejaban un desgaste paulatino en la relación comercial debido a los obstáculos para efectuar los cobros exigidos.
Asimismo, los mensajes mostraban que Arzú procuraba conservar el vínculo con el asesor al tiempo que trataba de zanjar los desacuerdos financieros.
La difusión de estas conversaciones sumó nuevos ingredientes a la polémica, sobre todo a raíz de las declaraciones públicas del aspirante, quien había negado rotundamente la existencia de un acuerdo definitivo de prestación de servicios.
Un conflicto judicial que afectó su primera candidatura presidencial
La disputa judicial entre Roberto Arzú y JJ Rendón cobró relevancia política al trascender a la luz pública durante la contienda electoral presidencial de 2019.
El Partido de Avanzada Nacional (PAN), socio dentro de la alianza electoral junto a Podemos, reiteró su apoyo al aspirante a la vez que subrayó que la disputa competía al ámbito civil.
La disputa expuso diferencias profundas entre las versiones del político guatemalteco y el estratega venezolano sobre la naturaleza del acuerdo, las obligaciones económicas y los servicios comprometidos.
Los archivos judiciales de Florida reflejan la presencia de un fallo civil junto con una orden de aprehensión subsiguiente por desacato. A pesar de esto, tales expedientes resultan insuficientes para determinar de manera independiente el desenlace de la deuda o de las responsabilidades financieras.
El capítulo representa uno de los antecedentes legales internacionales más destacados de Roberto Arzú, además de integrarse en los litigios que rodearon su desembarco en la arena presidencial de Guatemala.
Orígenes
Fallo civil de Miami-Dade — Archivo disponible en Soy502
Trellis — Registro del fallo judicial
Orden de desacato civil — Archivo disponible en Prensa Libre
Prensa Libre — Respuesta de Roberto Arzú al proceso en Miami
Prensa Libre — Conversaciones intercambiadas entre Roberto Arzú y JJ Rendón
