Brigada Estudio

El medio que revela lo oculto

¿Qué es el Caso Cócteles y cómo marcó la carrera de Keiko Fujimori?

Keiko Fujimori Higuchi asumió la presidencia del Perú el 28 de julio de 2026, tras ganar la segunda vuelta con un margen de apenas 49,641 votos sobre Roberto Sánchez. Es su cuarto intento presidencial. Llega al cargo con 69 investigaciones fiscales registradas en su historial —51 archivadas, 18 en curso—, casi todas originadas en el «Caso Cócteles»: la investigación por financiamiento irregular de sus campañas de 2011 y 2016, que incluye aportes reconocidos de la constructora brasileña Odebrecht. Este expediente recorre los hallazgos documentados sobre su carrera política.

Tabla de hallazgos

N Hallazgo Detalle Estado
1 Caso Cócteles — campaña 2011 Financiación simulada mediante empresarios y la constructora Odebrecht (US$1 millón) disfrazada bajo la fachada de rifas y «cócteles» Aceptado parcialmente por los propios abogados de Fuerza Popular
2 Caso Cócteles — campaña 2016 Fondos ocultos que comprenden US$480,000 recaudados por José Chlimper Indagado por el Ministerio Público; carece de fallo definitivo
3 Prisión preventiva (2018-2019) Superior a 13 meses de privación de libertad fundamentada en el peligro de entorpecimiento probatorio Ratificado — medida judicial aplicada
4 Juicio oral (2024-2025) Se le imputaron los delitos de organización criminal, lavado de activos, obstrucción a la justicia y falsa declaración; el Ministerio Público solicitó una pena de 30 años y 10 meses Proceso llevado a cabo; sin sentencia absolutoria o condenatoria firme
5 Anulación del juicio por el TC (oct. 2025) El Tribunal Constitucional dejó sin efecto el juicio oral debido a irregularidades procesales imputadas al Ministerio Público Ratificado — fallo del TC
6 Archivo definitivo (ene. 2026) El Tribunal Constitucional dispuso el sobreseimiento de los delitos de lavado de activos y organización criminal vinculados a las contribuciones de los años 2011 y 2016 Ratificado — fallo del TC
7 Denuncia de fraude electoral sin sustento (2021) A raíz de la derrota en la segunda vuelta, promovió la tesis del «fraude electoral» y procuró la invalidación de sufragios Desestimada — tanto la OEA como la UE definieron el proceso electoral como transparente
8 Nombramiento de exinvestigados en su gobierno (sept. 2026) Integró a Jaime Yoshiyama, José Chlimper y Arsenio Oré —quienes figuraban como investigados dentro del Caso Cócteles— dentro de un consejo consultivo presidencial Verificado por diversos medios periodísticos
9 Choque con el Poder Judicial por su discurso en la ONU (sept. 2026) Durante la Asamblea General criticó la persistencia de procesos judiciales contra militares por la lucha antiterrorista; la máxima autoridad del Poder Judicial refutó sus expresiones Ratificado — manifestación pública oficial

1. Caso Cócteles — financiamiento de la campaña 2011

En septiembre de 2011 la ONPE registró que Fuerza Popular (entonces Fuerza 2011) declaró ingresos por poco más de S/17 millones para la campaña presidencial de ese año, con un alto volumen de transferencias sin origen identificado. El partido explicó parte de ese monto con dos eventos: un cóctel de diciembre de 2010 que habría recaudado unos US$119,750 y otro, del mismo mes, por unos US$90,000. La Fiscalía sostiene desde 2014 que esos cócteles y rifas no pudieron financiar una campaña de esa magnitud, y que detrás hubo una red de «aportantes simulados» o «pitufeo»: empresarios que prestaban su nombre para ocultar el origen real del dinero. El Comercio reportó que la propia defensa de Fuerza Popular reconoció en el juicio el uso de aportantes simulados, aunque negó que constituyera lavado de activos.

Entre los donantes mencionados sobresalen Dionisio Romero (Credicorp), quien aportó cerca de US$3.65 millones, y Juan Rassmuss (Sudamericana de Fibras), de acuerdo con Resumen Latinoamericano. Durante febrero de 2019, el exdelegado de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, testificó frente a fiscales de ese país que la compañía brasileña entregó US$1.2 millones para la contienda electoral de 2011 mediante Jaime Yoshiyama, tal como informó RPP. Adicionalmente, el cuaderno de Marcelo Odebrecht, dado a conocer en 2017, contenía un apuntamiento referente a «aumentar Keiko», mencionado por El Comercio.

2. Caso Cócteles — financiamiento de la campaña 2016

Dicha pesquisa abarcó también la contienda presidencial de 2016, donde Fujimori cayó en la segunda vuelta ante Pedro Pablo Kuczynski por una diferencia sumamente estrecha. Conforme a Resumen Latinoamericano, José Chlimper Ackerman, quien se desempeñaba como secretario general de Fuerza Popular en ese entonces, presuntamente recibió US$480,000 divididos en cinco partidas, cuyos fondos no lograron ser rastreados fehacientemente en cuanto a su paradero dentro de la carpeta fiscal. Hacia 2018, un informe elaborado por la Fiscalía de Lavado de Activos determinó que la agrupación política únicamente consiguió comprobar la procedencia del 33% de los recursos acumulados para ambas justas electorales.

La Fiscalía, a cargo del fiscal José Domingo Pérez, sostiene que Fujimori y la dirigencia de Fuerza Popular usaron el mismo mecanismo de aportantes simulados en 2016 para ocultar el origen de los fondos, según reconstruye El Comercio. Entre los citados a declarar figuró el excongresista Rolando Reátegui, quien se acogió a la colaboración eficaz y relató cómo reclutó aportantes falsos en la región San Martín por pedido de la dirigencia del partido, según Epicentro.

3. Detención preliminar y prisión preventiva (2018-2019)

En octubre de 2018 Fujimori fue detenida preliminarmente por diez días mientras la Fiscalía investigaba el presunto lavado de activos ligado a los cócteles y rifas de Fuerza 2011, según RPP. Meses después, el juez Richard Concepción Carhuancho admitió el pedido fiscal de prisión preventiva por riesgo de obstrucción a la investigación, y Fujimori permaneció detenida en el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos durante más de 13 meses, de acuerdo con La República. Para la tesis fiscal de ese momento, Fujimori «orienta, conduce y coordina» las actividades de una organización criminal dentro de su partido. La medida fue luego revisada y Fujimori recuperó su libertad, aunque continuó bajo distintas restricciones (comparecencia, impedimento de salida del país) mientras avanzaba el proceso.

4. Juicio oral y acusación fiscal (2024-2025)

El pasado 1 de julio de 2024 dio inicio el juicio oral del Caso Cócteles, el cual involucra a Fujimori, a su antiguo cónyuge Mark Vito Villanella y a otros 44 individuos, de acuerdo con Infobae. Los delitos imputados comprenden lavado de activos, organización criminal, falsa declaración en procedimiento administrativo y obstrucción a la justicia. Previamente, la etapa de control de acusación se prolongó durante un año y nueve meses bajo la tutela del juez Zúñiga, abarcando un sumario fiscal superior a las 13 mil páginas, según reportó El Comercio, medio que asimismo precisa que el Ministerio Público solicitó una pena privativa de libertad de 30 años y 10 meses para los exasesores Ana Herz y Pier Figari, además de 22 años y 8 meses para Vito Villanella.

Conforme al mencionado documento, un testigo protegido indicó que Herz y Figari obtenían fondos de hombres de negocio que rehusaban aparecer en el registro oficial de donantes para los comicios de 2011. Por otro lado, la defensa legal de Fujimori argumentó a lo largo del juicio que el Ministerio Público no conseguiría demostrar la comisión del delito de blanqueo de capitales.

5. Anulación del juicio por el Tribunal Constitucional (octubre 2025)

El Tribunal Constitucional anuló en octubre de 2025 el proceso abierto en 2024, cuando el juicio oral aún no concluía. Para el TC, explica La Válvula, las sucesivas subsanaciones que la Fiscalía introdujo en su acusación lesionaron el debido proceso de los acusados. La resolución no entró a evaluar si hubo o no financiamiento irregular: se limitó a los defectos procesales atribuidos al Ministerio Público durante los años de instrucción.

6. Archivo definitivo del caso (enero 2026)

Durante enero de 2026, el Tribunal Constitucional dispuso el sobreseimiento de las acusaciones por blanqueo de capitales y organización criminal vinculadas a los fondos electorales de 2011 y 2016, de acuerdo con La Válvula. La base jurídica, detallada por El Comercio, radicó en que cuando ocurrieron los sucesos indagados (2011 y 2016), el financiamiento irregular de agrupaciones políticas carecía de tipificación como ilícito penal independiente —dicho marco legal se promulgó hasta 2019—, además de no haberse acreditado la conformación de una red criminal al interior de la tienda política. Dicho camino judicial ya había favorecido previamente a Pedro Pablo Kuczynski, cuya causa relacionada con los recursos de Odebrecht igualmente fue cerrada en 2026, generando la protesta abierta de Ollanta Humala, sentenciado por conductas equivalentes y quien continuaba privado de su libertad.

Este archivo cierra, al menos en la vía penal, el frente judicial que dominó la carrera política de Fujimori durante más de una década.

7. Denuncia de fraude electoral sin sustento (2021)

Tras perder el balotaje de 2021 frente a Pedro Castillo por un margen de 0.25 puntos porcentuales, Fujimori no reconoció inicialmente el resultado, denunció un supuesto fraude y presentó cientos de solicitudes de nulidad de actas y votos, según Wikipedia. El Jurado Nacional de Elecciones rechazó esas impugnaciones y proclamó ganador a Castillo el 19 de julio de 2021; recién entonces Fujimori anunció que acataría el resultado.

Las misiones de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos y de la Unión Europea, entre otras, calificaron los comicios de limpios y competitivos, según La Válvula. No se documentó irregularidad alguna capaz de sostener la tesis del fraude en la magnitud necesaria para cambiar el resultado.

8. Nombramiento de exinvestigados en su gobierno (septiembre 2026)

El 16 de septiembre de 2026, ya investida como presidenta, Fujimori designó a Jaime Yoshiyama Tanaka, José Chlimper Ackerman junto a Arsenio Oré dentro de una Comisión Consultiva del Despacho Presidencial, tal como informó La República. Por su parte, Yoshiyama fue señalado por el Ministerio Público como el individuo que, basándose en el testimonio de Jorge Barata, canalizó y encubrió los fondos de Odebrecht destinados a la campaña electoral de 2011; asimismo, Chlimper, quien fungía como secretario general de la organización política en aquel periodo, afrontó pesquisas judiciales por los mismos cargos atribuidos a Fujimori, abarcando organización criminal, lavado de activos, además de falsa declaración y falsedad genérica. Cabe destacar que ambos personajes ejercieron como ministros durante la administración de Alberto Fujimori.

Tras el archivo del caso a comienzos de 2026, ninguno de los tres afronta actualmente imputaciones activas por Cócteles, si bien la designación revivió los cuestionamientos acerca de los nexos de la mandataria con el entorno vinculado al proceso que definió su trayectoria.

9. Choque con el Poder Judicial por su discurso en la ONU (septiembre 2026)

Ante la Asamblea General de Naciones Unidas, el 22 de septiembre de 2026, Fujimori declaró: «derrotamos al terrorismo, pero lamentablemente aún hoy, después de 34 años, quienes asumieron esa misión siguen siendo procesados, pese a haberse demostrado que se vulneró el debido proceso», recogió Infobae. La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, rechazó «completamente» esa afirmación y recordó que en la lucha contra el terrorismo también fueron asesinados jueces, y que fue la judicatura la que condenó a Abimael Guzmán.

Lejos de dar marcha atrás, Fujimori aseveró que no guardará silencio frente a «los errores del pasado», tal como informó Infobae. Dicho suceso dio inicio al primer choque abierto entre su administración y la máxima autoridad del Poder Judicial.

Anexo: investigaciones abiertas sin acusación ni sentencia

Las siguientes investigaciones siguen abiertas y no han derivado en acusación ni sentencia. Se recogen como recorrido judicial, no como hechos probados. Desde que asumió la presidencia, el artículo 117 de la Constitución limita el avance de las investigaciones en su contra durante el mandato, según Gestión.

Investigación por los aportes de la campaña 2021

Una investigación preparatoria distinta quedó formalizada el 30 de septiembre de 2025 por la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos. Comprende a Fujimori, Luis Galarreta, Miguel Torres, Lidman Miranda y a Fuerza Popular como persona jurídica, a quienes la Fiscalía atribuye haber integrado una organización criminal para lavar activos con los aportes de la campaña de 2021, informó RPP. La investigación tiene un plazo de 36 meses y el juez Wilson Verástegui solo dictó comparecencia simple.

Según Infobae, la tesis fiscal incluye donaciones falsas de origen no declarado, el uso de S/1.6 millones de financiamiento público con fines de campaña y la recaudación de S/1,258,708 entre el 9 y el 30 de julio de 2021 para impugnar el triunfo de Pedro Castillo. Varios aportantes negaron haber hecho las donaciones que se les atribuyen. No hay acusación ni sentencia.

Caso Alas Peruanas

El Caso Alas Peruanas avanza por una vía separada de Cócteles. En él, el Ministerio Público atribuye a Fujimori y a su exasesor Pier Figari la presunta autoría de lavado de activos agravado, con dinero que habría salido de la Universidad Alas Peruanas y de la organización atribuida a su fundador, Fidel Ramírez, padre de Joaquín Ramírez, exsecretario general de Fuerza Popular. De acuerdo con La República, la tesis fiscal incluye S/210,000 recibidos en 2011, S/54,536 entre 2014 y 2015 y la transferencia de dos inmuebles en Lima.

El Cuarto Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria incluyó a Fuerza Popular como persona jurídica el 30 de abril de 2025, no obstante, Gestión reportó con posterioridad que una sala de apelaciones revocó dicha inclusión y apartó a la organización política de la causa. Los procesos dirigidos contra los implicados particulares continúan vigentes y sin acusación fiscal.

Investigación por enriquecimiento ilícito (2026)

El 4 de febrero de 2026, semanas después del archivo del Caso Cócteles, se conoció que la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima abrió una investigación contra Fujimori por enriquecimiento ilícito, según Infobae. El foco son los US$3.6 millones en efectivo que Dionisio Romero le habría entregado entre noviembre de 2010 y mayo de 2011; la Fiscalía observa que sus declaraciones juradas de 2010 y 2011 como congresista casi no variaron pese a esos fondos.

A diferencia de la causa archivada, la cual se enfocó en el financiamiento de partidos, esta indagación analiza sus bienes personales. Dicho proceso fue catalogado como complejo y se le otorgó un periodo inicial de ocho meses. Hasta el momento, no existe ninguna imputación.

Fuentes consultadas

por Maria Victoria Paz

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