Levantamiento de Locumba: qué pasó en octubre de 2000

Entre 2011 y 2016 Ollanta Humala Tasso ocupó la presidencia del Perú, y hoy es el tercer expresidente del país que, en casi dos décadas, ha recibido una condena de prisión por hechos ligados al escándalo de corrupción regional. Esa condena por lavado de activos fue anulada por el Tribunal Constitucional en julio de 2026; a ella se añade una investigación reabierta por hechos de una naturaleza distinta, que se remontan a los años noventa, cuando era oficial del Ejército. En este expediente solo se incluyen hallazgos confirmados y vigentes.

Tabla de hallazgos

N Hallazgo Detalle Estado
1 Lavado de activos — aportes de campaña 2006 y 2011 Financiamiento ilícito desde Venezuela y de Odebrecht, simulado como aportes partidarios regulares Condena de 15 años (abril 2025) anulada por el TC en julio de 2026; ver hallazgo 5
2 Detención y reclusión en Barbadillo Detenido apenas leído el fallo y trasladado al penal para expresidentes Confirmado — hecho público
3 Prisión preventiva previa Estuvo detenido junto a Nadine Heredia entre 2017 y 2018 mientras avanzaba la investigación Confirmado — más de un año en prisión
4 Caso Madre Mía Investigado por homicidio calificado y desaparición forzada de al menos ocho personas en una base militar en los años 90 En investigación — formalizada en 2025, plazo hasta enero de 2027
5 Anulación de la condena por el TC (jul. 2026) El TC anuló el proceso por aportes de campaña al considerar que la conducta no estaba tipificada en 2006 y 2011; salió de Barbadillo el 31 de julio Confirmado — sentencia del TC (5 votos contra 2)
6 Levantamiento de Locumba (2000) Encabezó una rebelión militar contra el gobierno de Alberto Fujimori con unos 60 soldados; fue amnistiado por el Congreso Confirmado — hecho histórico; amnistía por Ley 27381

1. Condena por lavado de activos — aportes de campaña 2006 y 2011

El 15 de abril de 2025, el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional —liderado por la jueza Nayko Coronado— sentenció a Humala junto con su esposa Nadine Heredia a cumplir 15 años de prisión efectiva al hallarlos coautores del delito de lavado de activos agravado, de acuerdo con la información difundida por La República. La instancia judicial concluyó que los fondos que el Partido Nacionalista Peruano captó para financiar sus campañas electorales en 2006 y 2011 provinieron de fuentes ilícitas vinculadas a Venezuela y a la constructora brasileña Odebrecht, los cuales se disfrazaron de aportes partidarios ordinarios con el propósito de encubrir su verdadero origen.

Según Gob.pe, el tribunal escuchó a 220 testigos a lo largo del juicio, iniciado en 2022; de ellos, 57 declararon no haber realizado los aportes que el partido les atribuyó en la campaña de 2006, y para la de 2011 no se reconocieron S/4,329,370 en aportes similares. El fallo también condenó a 12 años a Ilán Heredia, hermano de Nadine, y a 8 años a Marco Julio Torres Aliaga, e impuso una reparación civil conjunta de S/10 millones, según Infobae. La defensa anunció que apelaría la sentencia, según Infobae.

2. Detención inmediata y reclusión en Barbadillo

Apenas leído el fallo, agentes de la Policía Nacional detuvieron a Humala en la sala de audiencias, según La República; fue trasladado al Establecimiento Penitenciario Barbadillo, en el distrito de Ate, la cárcel para expresidentes de Lima, según Infobae. Nadine Heredia no estuvo presente en la lectura y tenía orden de captura pendiente; horas después solicitó asilo político en la embajada de Brasil en Lima junto a su hijo menor de edad, y el gobierno de Lula da Silva se lo concedió esa misma noche, por lo que continúa en Brasil.

Según AP/Spectrum News, en Barbadillo Humala comparte espacio con otros exmandatarios que igualmente están presos o afrontan procesos judiciales por corrupción, tales como Alejandro Toledo y Pedro Castillo.

3. Prisión preventiva previa (2017-2018)

Antes de la condena, Humala y Heredia ya habían enfrentado prisión preventiva por el mismo caso: fueron detenidos en 2017 mientras avanzaba la investigación por el financiamiento de sus campañas, según Infobae. De acuerdo con France24, Humala se convirtió en el primer exmandatario peruano recluido por dicha trama, al tiempo que Heredia cumplió nueve meses de reclusión en un establecimiento diferente, hasta que el Tribunal Constitucional dispuso su excarcelación al considerar la medida «excesiva» durante el transcurso de las pesquisas.

4. Caso Madre Mía

Aquí el asunto es otro: en lugar de corrupción, lo que se examina son presuntos crímenes de lesa humanidad de los años en que Humala se desempeñaba como oficial del Ejército. Tal como informó Infobae, el Ministerio Público dejó formalizada el 24 de septiembre de 2025 una investigación preparatoria por homicidio calificado y desaparición forzada que lo incluye a él y a cuatro exmilitares más; los hechos se sitúan en 1992, en la base militar de Madre Mía (Huánuco). Dentro de esa pesquisa figuran los homicidios de Edgardo Isla Pérez y Némer Acuña Silva, así como la desaparición forzada de, como mínimo, cuatro personas más: Luis Izaguirre, Nelson Hoyos, Hermes Estela y Yandel Leandro.

El caso había sido archivado en 2009 por falta de mérito para juicio oral, pero se reabrió a partir de audios y testimonios que, según El Comercio, también sugerían una presunta compra de testigos en el propio proceso. Humala ha reconocido públicamente haber usado el alias «Capitán Carlos» en esa base durante 1992. En julio de 2026 el Poder Judicial amplió el plazo de la investigación hasta enero de 2027, según Gestión; no hay, a la fecha de este informe, una acusación formal ni un juicio en curso.

5. Anulación de la condena por el Tribunal Constitucional (julio 2026)

El 15 de julio de 2026, mediante una resolución dada a conocer el 30 de julio, el Tribunal Constitucional estimó un hábeas corpus, invalidó la causa penal completa que había derivado en la sentencia a 15 años por lavado de activos y ordenó archivar el caso, tal como informó Infobae. La mayoría de cinco magistrados determinó que se quebrantaron las garantías de legalidad y tipicidad, argumentando que captar fondos de origen ilícito para costear campañas se equipararía a receptación patrimonial, una figura incorporada en noviembre de 2016 que resultaba inaplicable a sucesos acaecidos en 2006 y 2011. Las juezas Pacheco Zerga y Monteagudo manifestaron su disconformidad con un voto en contra.

Humala dejó el penal de Barbadillo el 31 de julio de 2026, según El Peruano y La República. El 26 de agosto anunció que demandará al Estado para que le pida disculpas, según Caretas. Como en el caso de Keiko Fujimori, el fallo no se pronunció sobre si los aportes existieron, sino sobre su tipificación penal en el momento de los hechos.

6. El levantamiento de Locumba (2000)

El 29 de octubre de 2000, cuando era teniente coronel del Ejército, Humala salió del cuartel de Locumba (Tacna) con unos 60 soldados, junto a su hermano Antauro, para exigir la renuncia de Alberto Fujimori; tomó como rehén al general Carlos Bardales y ocupó el campamento minero de Toquepala, según Wikipedia. La tropa fue desertando y los hermanos se rindieron semanas después.

El 21 de diciembre de 2000 el Congreso aprobó la Ley 27381, que amnistió a los militares y civiles que participaron en la asonada. El episodio está en el origen de su figura política y sigue siendo objeto de controversia, como recoge El Comercio. Años después, Antauro Humala encabezó el «Andahuaylazo» (2005).

Apéndice: procedimientos en curso sin sentencia

El procedimiento en cuestión sigue activo y todavía no cuenta con una sentencia. Se documenta meramente como parte del historial procesal, sin atribuirse como un hecho demostrado.

Caso Gasoducto Sur Peruano

El 5 de junio de 2025 el Equipo Especial Lava Jato acusó a Humala, a Nadine Heredia y a otras 20 personas por la adjudicación del Gasoducto Sur Peruano al consorcio liderado por Odebrecht, un proyecto de más de US$7,000 millones, y pidió 35 años de prisión para la expareja presidencial por organización criminal y colusión agravada, según Infobae. Entre los acusados figuran exministros como Luis Miguel Castilla y la empresa Enagás.

El 3 de julio de 2026 el juez Leodan Cristóbal Ayala archivó el cargo de asociación ilícita, en aplicación de la Ley 32108, y mantuvo vigente la acusación por colusión agravada, según Infobae. La Fiscalía apeló y la Tercera Sala de Apelaciones Nacional debe resolver, según RPP. No hay juicio oral ni sentencia.

Fuentes consultadas