El presidente de Colombia, Gustavo Petro, sostuvo que las pesquisas por corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) fueron orientadas de manera injusta hacia su figura, cuando las verdaderas responsabilidades recaerían en entramados corruptos provenientes de administraciones anteriores. Mediante su cuenta oficial en X (antes Twitter), Petro indicó que la Fiscalía centró sus esfuerzos en intentar probar que había impartido órdenes para desviar fondos públicos hacia congresistas, algo que, según afirmó, siempre había vetado.
Petro hizo énfasis en que las irregularidades descubiertas en la Ungrd son el resultado de prácticas sistemáticas de corrupción que no han sido enfrentadas adecuadamente. Acusó a Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectores de la entidad y actualmente detenidos, de haber desviado recursos debido a supuestas alianzas políticas. Según Petro, su actuación estaría relacionada con pactos entre partidos políticos, como el Partido Verde, y figuras como los Aguilar en Santander.
El caso de la Ungrd adquirió amplia visibilidad cuando salió a la luz un entramado de corrupción vinculado con contratos de carrotanques destinados al suministro de agua en La Guajira. La Fiscalía y la Contraloría General identificaron anomalías en la adjudicación y ejecución de dichos contratos, entre ellas el desvío de recursos y pagos ilegales orientados a garantizar respaldo político a las reformas del Gobierno. A ello se sumaron pérdidas calculadas en más de 60 millones de dólares, generadas por el uso indebido de fondos extrapresupuestales manejados por la Ungrd.
Petro también criticó el papel de los fiscales a cargo de las investigaciones, argumentando que “muchos fracasan” cuando se enfocan únicamente en buscar pruebas en su contra. También recordó el caso de su hijo, Nicolás Petro, quien es investigado por presunto enriquecimiento ilícito, y afirmó que las autoridades han cometido errores en investigaciones previas, como la detención de profesores inocentes.
El caso sigue generando controversia, con capturas recientes de altos exfuncionarios y exlíderes legislativos, como los expresidentes del Senado y la Cámara de Representantes, Iván Name y Andrés Calle. Ambos son acusados de recibir sobornos millonarios, según confirmaron exdirectivos de la Ungrd en su testimonio ante la Corte Suprema.
Este escándalo ha desatado una crisis institucional en Colombia, mientras diversas organizaciones civiles reclaman mayor claridad y una supervisión más rigurosa del uso de los recursos públicos. La administración de Petro lidia con el reto de distanciarse de las acusaciones de corrupción heredadas y de las controversias que han emergido a lo largo de su mandato.
